La organización defensora de Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW) pidió este jueves a la Unión Europea (UE) imponer, de forma rápida, sanciones selectivas contra la fiscal general, Consuelo Porras, los fiscales auxiliares Rafael Curruchiche y Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, así como contra el juez Fredy Orellana, por su papel en el socavamiento de la democracia.
En una carta dirigida a Brice de Schietere, Jefe de División del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la UE, por la directora de las Américas de HRW, Juanita Goebertus Estrada Philippe Dam, la organización denuncia que en los últimos años, “las autoridades guatemaltecas han socavado las salvaguardias de los derechos humanos y los controles institucionales sobre el abuso de poder para evitar la rendición de cuentas por la corrupción generalizada de alto nivel” y “más recientemente, han atacado el derecho al voto durante las elecciones de 2023 que ganó el candidato anticorrupción Bernardo Arévalo”.
Por ello, HRW, pide las sanciones e insta a la UE que “dado el rápido deterioro de la situación sobre el terreno y la inminente fecha de la esperada toma de posesión del Presidente electo, utilizar medidas específicas y otras herramientas de forma rápida y con determinación”.
La UE señala a la fiscal María Consuelo Porras Argueta de Porras por haber socavado las investigaciones sobre la corrupción y los abusos de los derechos humanos, y haber iniciado procedimientos penales arbitrarios contra periodistas, jueces, fiscales y ex miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) respaldada por las Naciones Unidas.
“Su oficina ha llevado a cabo investigaciones criminales espurias que parecen estar diseñadas para intimidar a Semilla y al Tribunal Supremo Electoral y para revocar los resultados electorales, como se describió anteriormente. Además, el gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a Porras por su “invocación en la corrupción significativa” y por obstruir y socavar repetidamente las investigaciones anticorrupción”, señala la carta de HRW.
También advierte que los fiscales José Rafael Curruchiche Cacul y Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, han socavado las investigaciones sobre corrupción y ha llevado a cabo casos espurios contra fiscales independientes, jueces y ex miembros de CICIG.
En el caso del juez Fredy Raul Orellana Letona, HRW lo señala como “un juez que ha dado luz verde en repetidas ocasiones a los procesos penales espurios dirigidos por la Oficina del Fiscal General”. Orellana ordenó en julio la suspensión del registro legal de Semilla y dio luz verde a una investigación penal contra el director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, José Ramiro Muñoz, por negarse a cumplir con la orden.
Todos los señalados además tuvieron papel protagónico en la persecución del periodista José Rubén Zamora, en prisión desde julio de 2022.
HRW pide congelación de activos y prohibiciones de viajar para estos cuatro funcionarios.
Los cuatro mencionados ya han sido incluidos por Estados Unidos en la “Lista Engel” de actores corruptos y antidemocráticos.
Además de imponer sanciones selectivas contra estas personas, HRW pide rrabajar conjuntamente con los gobiernos de América Latina y los Estados Unidos para pedir pública y en privado al presidente Alejandro Giammattei que condene las decisiones de la Oficina del Fiscal General que socavan los derechos políticos de los guatemaltecos.
Además, HRW le pide a la UE unstar a los actores clave del sector empresarial de Guatemala, incluidos los líderes del Comité Coordinador de Cámaras Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), a que se pronuncien en apoyo de la democracia y el estado de derecho.
