Las protestas en Panamá cumplirán el miércoles 50 días consecutivos y han generado una severa crisis social y económica. La huelga, originada por el rechazo a la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), ha paralizado varios sectores clave del país, entre ellos la educación, la construcción y la industria bananera, provocando pérdida de empleos, cierre de negocios y escasez de alimentos, medicinas y gas en regiones como Bocas del Toro.
En el sector educativo, más de 15,000 maestros no recibirán salario esta quincena por ausentarse a sus labores, según el Ministerio de Educación. La medida afecta a miles de estudiantes que ya acumulan siete semanas sin clases, mientras los gremios docentes insisten en continuar con la huelga indefinida.
A su vez, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) llegó hoy a su día 44 de paro. Aunque su presencia en calles ha disminuido, las acciones continúan con bloqueos intermitentes y apoyo a manifestantes judicializados.
La provincia de Bocas del Toro es el epicentro del conflicto, donde se estima que el desempleo podría superar el 15 % y más de 5,000 trabajadores han sido despedidos. El presidente José Raúl Mulino, quien apenas cumplirá un año en el gobierno el 1 de julio próximo, ha reconocido que la situación ha causado “la paralización total de la economía local”.
Fuertes pérdidas económicas
La Cámara de Comercio advirtió sobre un colapso económico generalizado con pérdidas diarias de entre $60 y $90 millones, mientras el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) estima que el impacto económico de las huelgas ronda los $100 millones diarios.
Ante la crítica situación, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, ha sido propuesto como mediador.
El Ejecutivo ofreció restablecer derechos laborales contemplados en la antigua Ley 45 a cambio de que se levanten los bloqueos. Francisco Smith, dirigente del sindicato bananero Sitraibana, dijo estar dispuesto a dialogar.
La crisis en Panamá también ha dejado un saldo violento. El Ministerio de Seguridad informó el lunes que 34 agentes han resultado gravemente heridos en distintos operativos para despejar calles. Uno de ellos fue atacado con un machete en Darién y deberá someterse a una segunda cirugía.
Las organizaciones como Apede y la Cciap alertan que esta crisis no puede seguir tratándose como un conflicto aislado. Advierten que el tejido social está al borde del colapso: estudiantes sin clases, cirugías aplazadas, proyectos de infraestructura suspendidos y miles de familias sin ingresos.
Entre los detonantes de las protestas se encuentran la reforma al sistema de pensiones, el acuerdo bilateral con Estados Unidos considerado como una amenaza a la soberanía nacional y la posibilidad de reactivar una concesión minera que ya había sido declarada inconstitucional.
La mezcla de reclamos —por derechos laborales, salud, medio ambiente y soberanía— refleja una profunda desconexión entre el Estado y diversos sectores sociales. El gobierno aún no logra contener una movilización que sigue creciendo y cuyo impacto ya se siente en todos los rincones del país.
