La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, aseguró que el juicio político es una herramienta fundamental para garantizar el control democrático en Honduras. Aunque esta figura fue incorporada a la Constitución en 2013, el país nunca la ha aplicado, lo que, según la funcionaria, refleja una deuda pendiente en materia de rendición de cuentas y fortalecimiento institucional.
Castellanos explicó que antes de 2013 Honduras no contaba con un mecanismo constitucional claro para revisar la conducta institucional de las más altas autoridades del Estado. Esto, afirmó, dejaba a la ciudadanía sin garantías frente a decisiones que podían afectar directamente el interés público.
La titular del CNA se refirió a los vacíos que existían en materia de rendición de cuentas:
“Durante muchos años, Honduras careció de una herramienta que permitiera ejercer control sobre quienes toman las decisiones más importantes del país”.
La directora recordó que, aunque el juicio político fue incorporado en la Constitución hace más de una década, hasta ahora nunca se ha aplicado en el país. Para Castellanos, establecer un precedente sería clave para demostrar que las autoridades pueden ser evaluadas cuando su conducta se aparta del interés público.
“El juicio político no es persecución, es control democrático”, enfatizó, al subrayar que esta herramienta busca garantizar responsabilidades dentro del marco del debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales.
Según la directora del CNA, la creación de esta figura respondió a crisis institucionales que marcaron la historia reciente de Honduras, como el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya y la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2012.
Castellanos también advirtió que, aunque el Congreso incorporó el juicio político en la Constitución en 2013, aún falta reformar la ley especial que regula el procedimiento para adaptarla a estándares internacionales y fortalecer la transparencia y el equilibrio institucional.
En Honduras, el juicio político puede aplicarse a altos funcionarios, entre ellos el presidente de la República, designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados del Congreso Nacional y alcaldes municipales, en un proceso legal que contempla investigación, derecho a la defensa y votación legislativa.
