El jefe de la bancada de diputados del opositor Partido Nacional, Tomás Zambrano, insistió este sábado en que el gobierno ya “instauró una dictadura” y advirtió que habrá persecuciones no solo contra políticos, sino contra empresarios, las iglesias y periodistas, entre otros.
“Estamos en una dictadura y perdiendo al país, este gobierno no solo va a perseguir a la oposición, sino también a los periodistas, a los empresarios les van a quitar sus negocios, a las iglesias y a la sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) también las van a perseguir como en Nicaragua, porque es una agenda internacional que están implementando en Honduras”, dijo Zambrano a Radio América.
Anunció además que el partido aún no ha decidido si asistirá a la sesión legislativa convocada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, aliado del oficialismo.
“Es difícil reunirse con la persona que intentó y ordenó a los colectivos de Libre que nos asesinaran y los guardias de seguridad del Congreso Nacional atropellaron a varias diputadas”, dijo, en referencia a los ataques sufridos por legisladores la noche del 31 de octubre, cuando turbas de Libre, el partido oficial, protestaron.
“Libre se sigue imponiendo a la fuerza y de manera ilegal sin los votos, pues se acaban las decisiones de la mayoría y eso solo se ve en las dictaduras”, añadió.
No haremos nada que vaya en contra del pueblo hondureño. pic.twitter.com/jq3PTeecI9
— Ministerio Público (@MP_Honduras) November 3, 2023
El Congreso de Honduras está en crisis por la imposición, con votos de una comisión conformada por oficialistas, del fiscal general interino. El funcionario titular debió ser elegido antes del 31 de agosto, pero la falta de acuerdos políticos lo impidió.
Después de eso, el legislativo cayó en una parálisis de 2 meses sin sesionar y después Redondo montó la comisión para nombrar al fiscal general y su adjunto, dejando de lado la elección por mayoría (86 de 128 votos).
La elección del interino ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver si es constitucional su nombramiento.
