La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, rechazó el intento del Poder Judicial por frenar los millonarios recortes al presupuesto para lo que resta de este año. El Órgano Judicial había interpuesto un recurso de “conflicto constitucional”.
La Presidencia argumentó que el recurso es “inadmisible” porque solo aplica para el presupuesto ordinario y que en este caso, se refiere al presupuesto extraordinario. El recurso fue interpuesto por el Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.
La acción constitucional buscaba parar el recorte de 23,722 millones de colones ($52 millones) para el último trimestre de 2026, el cual, fue propuesto por el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, pese a que el Poder Judicial advirtió que la disminución beneficiaría al narcotráfico.
Ya Aguirre había presentado un recurso ante el Ministerio de Hacienda para detener el recorte, pero Chaves aseguró en la resolución que el recurso era “improcedente” porque no existe “un acto administrativo apelable” porque el recorte no se ha realizado aún.
Organismo de Investigación Judicial muy afectado
El 43 % de los fondos que se recortarían corresponden al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para operativos policiales, pues el director de la OIJ, Michael Soto, expuso que la falta de fondos beneficiaría al narcotráfico porque limitaría su capacidad para operativos de control de territorios como los que dejaron la captura de líderes criminales como “Diablo” y “Pecho de Rata”.
Además, se prevé que el recorte afecte la compra de insumos de laboratorio para pruebas de ADN en casos de abuso sexual y obligaría el cierre de oficinas regionales de la Fiscalía General llevando a una restricción al derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos.
La Corte ha argumentado que ya ha contribuido al gobierno con un recorte voluntario de 13,221 millones de colones ($29 millones) para este año, sin que eso afectara la operatividad de la institución. Sin embargo, Chaves propuso otro recorte más para 2027 por 10 millones de colones ($22.296) y que se congelen otros 30 millones ($66.888).
El ministro Chaves justificó el nuevo recorte alegando que el Poder Judicial mantiene acceso a un fideicomiso de $661 millones para infraestructura y pidió que se realice una auditoría al uso de esos fondos.