El Gobierno de Honduras analiza retomar un estado de excepción focalizado ante el incremento de la criminalidad, una medida que podría aplicarse en determinados municipios o departamentos y que será discutida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), según informaron las autoridades.
El presidente Nasry Asfura confirmó que todavía se evalúan los territorios en los que podría implementarse la medida.
«Lo estamos analizando en qué lugares sea obligatorio para poder tener un control y realmente una revisión clara de qué está pasando en algún municipio o en algún departamento», declaró el mandatario.
El secretario de Seguridad, Gerzon Vásquez, indicó que inicialmente fueron identificados alrededor de 30 municipios con altos niveles de violencia, aunque aclaró que el estado de excepción no necesariamente abarcaría todos esos territorios.
Medios hondureños han señalado municipios de Cortés (donde está San Pedro Sula, segunda ciudad del país), Francisco Morazán (donde está la capital Tegucigalpa), El Paraíso, Atlántida y Yoro entre las zonas que podrían ser consideradas, pero las autoridades aún no divulgaron un listado definitivo.
Seguridad también propondrá al Consejo declarar como asociaciones terroristas a determinados grupos criminales que, según las autoridades, estarían generando temor y desplazamientos de familias en algunos territorios. Vásquez explicó que esa declaratoria buscaría facilitar herramientas adicionales de intervención para las operaciones policiales y militares contra esas estructuras.
“Sí le puedo confirmar que hemos solicitado al señor presidente y al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa que se adopten medidas un poco más extremas para poder combatir esta ola de criminalidad”, declaró Vásquez.
El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, planteó priorizar operaciones específicas contra los integrantes de estructuras criminales antes que medidas generales que puedan afectar a la población.
“Yo soy más propenso a realizar acciones más quirúrgicas que vayan directamente al delincuente sin estropear la vida del ciudadano común”, reitero Rodríguez Burchard al ser consultado sobre la posibilidad de implementar nuevamente el estado de excepción.
Rodríguez Burchard también cuestionó los resultados obtenidos con la medida durante la administración anterior.
“En el pasado gobierno estuvimos casi cuatro años en periodo de excepción y creo que fue muy poco lo que se encaminó”, señaló. Sin embargo, aclaró que será el CNDS el encargado de analizar y determinar las acciones que podrían adoptarse ante la situación de seguridad.
El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, aseguró que el Legislativo esperará las decisiones del Consejo antes de adoptar eventuales medidas.
“Vuelvo a reiterar, tenemos que esperar la reunión que ellos tengan y nosotros como Congreso Nacional estamos listos y espero, y así tiene que ser, que los 128 diputados estemos bajo la misma dirección, si se puede decir en este caso, que no sea un tema político y que sea un tema de acción del país”, indicó Ledezma.
Un análisis del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reveló que, hasta el 11 de septiembre de 2026, Honduras registra 25 masacres que han dejado al menos 107 víctimas, cifra que se suma a un acumulado histórico de 1,277 homicidios múltiples desde 2010.