Asamblea costarricense analizará propuesta para la paridad en la elección de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia

Para la aplicación de paridad en las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, los diputados tendrían que reformar la Constitución Política.

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica analizará una propuesta de proyecto que busca garantizar el principio de paridad en la elección de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Para ello, los diputados deberán elegir las vacantes considerando el género del resto de magistrados.

El proyecto presentado por el diputado Salvador Padilla del Partido Liberación Nacional (PLN) contempla una reforma a la Constitución Política para que por cada elección de magistratura, la Asamblea analice el resto de plazas. Así podrá elegir el sexo del nuevo funcionario y cumplir con el criterio de paridad.

Con esta medida, el diputado plantea que se reduciría el desequilibrio entre hombres y mujeres que históricamente ha existido en esa institución. Además, considera que al alcanzar la paridad, se deberá mantener esa composición en la entidad que imparte justicia.

La iniciativa indica que el principio de paridad tendría que cumplirse desde la elaboración de las nóminas que hace la Corte y que luego envía a la Asamblea para completar la elección. En cada paso, tendría que garantizarse igual elección de mujeres.

Aunque tendría que evaluarse el género del elegido para el cargo de juez, la propuesta dice que esto no podrá sustituir los criterios de mérito, experiencia, capacidad, integridad e idoneidad requeridos para el cargo que son exigidos por el marco normativo vigente.

En este momento, el 61.9 % de las magistraturas (13) están ocupadas por hombres y el 38.1 % (8) son ocupadas por mujeres en la Corte Suprema de Justicia, lo que refleja la baja elección de mujeres para estos cargos.

El proyecto ahora tendrá que ser analizado por la Asamblea en una comisión especial que debatirá su aplicación. Posteriormente, tendría que ser aprobada por la actual legislatura y ratificada en la siguiente por tratarse de una reforma constitucional.

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