Una propuesta presentada en el Congreso Nacional de Honduras por la diputada liberal Saraí Espinal abrió un nuevo debate en el país sobre seguridad, justicia y derechos de la niñez, al plantear que adolescentes de 16 y 17 años enfrenten procesos penales por crímenes violentos.
La iniciativa busca reformar la legislación vigente para reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años en casos de delitos graves, como homicidio, asesinato, violación, extorsión, secuestro, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.
Espinal argumentó, según reportes de medios locales, que el crimen organizado estaría aprovechando la normativa actual para reclutar menores de edad, utilizándolos como parte de estructuras criminales con menor riesgo legal.
“Es vital establecer penas claras para rescatar a nuestra sociedad y demostrar que cuando un joven delinque, debe enfrentar consecuencias”, afirmó la diputada en declaraciones recogidas por medios hondureños, al defender su propuesta como una respuesta a la violencia que golpea a familias en el país.
La diputada @saraiespinal presenta esta importante iniciativa de ley. pic.twitter.com/h9nQmgnzTl
— Julia Talbott (@talbottlg) February 18, 2026
Registro de agresores sexuales
El proyecto también contempla la creación de un Registro Nacional de Agresores Sexuales, que sería permanente, confidencial y con acceso restringido a instituciones de seguridad y justicia, con el fin de identificar a condenados por delitos sexuales contra menores y prevenir reincidencias.
Además, la propuesta incluye la posibilidad de aplicar castración química en casos de violación comprobada contra niñas, una medida que ha intensificado las reacciones y que, de ser discutida, podría convertirse en uno de los puntos más polémicos del debate legislativo.
El anuncio ha generado posturas divididas: organizaciones defensoras de derechos humanos advierten sobre posibles violaciones a garantías de los adolescentes, mientras sectores que exigen justicia por delitos graves consideran que endurecer el marco penal sería un paso necesario.
La discusión sobre bajar la edad punible no es exclusiva de Honduras y ha aparecido en otros países de Centroamérica y América Latina ante el aumento de violencia y la participación de menores en delitos de alto impacto, lo que mantiene el tema en el centro del debate regional.
La iniciativa será discutida en las próximas semanas en el Congreso Nacional, donde se prevé que pase primero por comisiones antes de llegar al pleno, en un proceso que podría marcar un precedente en la legislación hondureña sobre justicia juvenil y medidas contra delitos graves.
