La vicepresidenta del Congreso Nacional presentó una iniciativa para eliminar la amnistía política aprobada en 2022. La propuesta busca anular los beneficios otorgados a exfuncionarios y revertir las cartas de libertad emitidas bajo ese decreto.
Lissi Matute Cano introdujo el proyecto de ley. La legisladora impulsa la propuesta junto al presidente del legislativo, José Tomás Zambrano.
Según explicó, la iniciativa pretende anular lo que calificó como un acto de impunidad. Además, busca dejar sin efecto las cartas de libertad otorgadas a exfuncionarios durante la administración anterior.
La diputada sostuvo que la amnistía política no se aplicó únicamente a delitos políticos. Afirmó que también se benefició a personas vinculadas a otros delitos.
Argumentan límites constitucionales
Cano señaló que el artículo 205 de la Constitución de la República limita al Congreso a conceder amnistías solo por delitos políticos y comunes conexos.
En ese sentido, afirmó que el decreto excedió esas facultades. Por ello, planteó que la derogación permitiría corregir el uso inadecuado de la norma.
Asimismo, indicó que la eliminación del decreto garantizaría el cumplimiento estricto de la justicia. Añadió que la medida no responde a una vendetta política ni a ajustes de cuentas.
Pueblo de Honduras respalda iniciativa parlamentaria de @TommyZambranoM Presidente del Congreso Nacional y la Vicepresidente @LissiCano para derogar el nefasto PACTO DE IMPUNIDAD aprobado por el gobierno socialista de Honduras ligado a Nicolás Maduro. pic.twitter.com/OI5Ha0dbeu
— Cholusat Sur (@CholusatSur36) February 25, 2026
Apoyo y reacciones en el Congreso
El diputado Rumy Bueso, del Partido Liberal de Honduras, expresó su respaldo personal a la derogación de la amnistía política.
El legislador afirmó que el tema debe analizarse con responsabilidad. Sin embargo, reiteró que considera necesario eliminar el decreto.
Bueso recordó que en el Congreso anterior solicitaron la derogación como parte de las condiciones para instalar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras.
También señaló que, si el Congreso elimina la amnistía, las personas beneficiadas deberán presentarse ante la ley.
Impacto de la posible derogación
La propuesta legislativa busca dejar sin valor el decreto 04-2022. De aprobarse, el Congreso Nacional revertiría los beneficios legales otorgados bajo esa normativa.
El debate sobre la amnistía política reabre la discusión sobre transparencia, legalidad y facultades del Legislativo en Honduras.
Este entró en vigor el 4 de febrero de 2022 tras su publicación en La Gaceta. La presidenta Xiomara Castro lo promulgó días después de asumir el cargo.
El Congreso Nacional, con mayoría de Partido Libertad y Refundación (Libre) y fuerzas aliadas, aprobó la norma como una de las primeras medidas de su gobierno. La ley, titulada “Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan”, concedió una amnistía general e incondicional.
La disposición extinguió procesos penales, acciones judiciales y sentencias en ejecución por hechos cometidos antes de su vigencia. El beneficio alcanzó a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya, acusados tras el golpe de Estado de 2009, así como a manifestantes y defensores sociales procesados por hechos vinculados a crisis políticas.
Según reportes oficiales y judiciales, más de 200 personas recibieron cartas de libertad bajo este decreto.
Entre los beneficiados figuraron exfuncionarios señalados por delitos como malversación, fraude y abuso de autoridad, además de activistas y manifestantes. El gobierno presentó la amnistía política como una medida de reconciliación nacional y reparación por persecución política.
