La comisión de postulación en Guatemala entra en una fase decisiva este jueves con la evaluación de los últimos aspirantes a fiscal general. Entre ellos está la actual jefa del Ministerio Público, la polémica Consuelo Porras. El proceso ocurre en medio de cuestionamientos legales y presiones políticas.
La jornada marca un punto clave en la conformación de la nómina final de seis candidatos, de la cual saldrá el próximo titular del Ministerio Público. Además, el proceso es observado tanto a nivel nacional como internacional por su impacto en la institucionalidad del país.
De los 48 aspirantes iniciales, 26 ya han sido evaluados, mientras que 22 aún deben someterse al proceso de calificación. Entre ellos está Porras, quien busca un tercer mandato al frente de la institución.
Hasta ahora, solo cinco candidatos han superado la línea mínima de 75 puntos, requisito indispensable para integrar la lista final. Entre ellos destacan Brenda Muñoz Sánchez, Gabriel García y José Manuel Quinto, quienes lideran la evaluación preliminar.
Una batalla político judicial
El proceso ha estado marcado por tensiones legales, con denuncias que cuestionan los criterios de evaluación, especialmente sobre la ponderación de la experiencia profesional y la participación de aspirantes que, según algunos sectores, no cumplirían los requisitos constitucionales.
En paralelo, el presidente Bernardo Arévalo ha rechazado públicamente la continuidad de Porras. Además, asegura que no la considera idónea para un nuevo período. Plantea también la necesidad de “rescatar” el Ministerio Público.
La actual fiscal también enfrenta sanciones internacionales por presunta corrupción, mientras defiende su gestión y asegura estar preparada para continuar. Sin embargo, no presentó un plan formal durante su intervención ante la comisión.
A pocos días de la votación final, el proceso sigue envuelto en incertidumbre jurídica, con amparos pendientes y debates internos que podrían influir en la integración de la nómina definitiva. Esto representa una decisión clave para el futuro del sistema de justicia en Guatemala.
