El canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez advirtió este jueves ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que la democracia guatemalteca enfrenta un “asedio judicial” impulsado por actores corruptos que buscan derrocar al presidente Bernardo Arévalo.
Durante la sesión extraordinaria realizada en Washington, el canciller denunció la existencia de un “golpe de Estado técnico” mediante una serie de actuaciones judiciales y fiscales “arbitrarias e ilegítimas” encabezadas por la fiscal general Consuelo Porras y el Juzgado Séptimo Penal.
Según Martínez, estas maniobras pretenden distorsionar los resultados electorales de 2023 y desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.
El diplomático citó como ejemplo la resolución del 24 de octubre, cuando un juzgado intentó declarar la “nulidad absoluta” del partido Movimiento Semilla, pese a que el proceso electoral fue legalmente cerrado y certificado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Tanto la fiscal Consuelo Porras como el juez Orellana han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea que los considera “actores corruptos y antidemocráticos”.
Martínez aseguró que este tipo de acciones vulnera la separación de poderes y pone en riesgo el orden constitucional. La presidenta en funciones del TSE, Blanca Alfaro, reafirmó que los cargos electos en 2023 “no pueden anularse” y que el proceso “concluyó legalmente”.
El canciller también denunció una “persecución penal sin fundamento” contra funcionarios del actual gobierno, señalando que el Ministerio Público mantiene 24 investigaciones abiertas contra el Ejecutivo, pero no ha avanzado en más de 300 denuncias contra la administración anterior. Mencionó además los “señalamientos inventados” del caso UNOPS como ejemplo del uso político de la justicia.
Martínez sostuvo que lo que está en juego “no es un gobierno o un partido, sino los cimientos de la democracia guatemalteca”. Agradeció el respaldo internacional, incluyendo las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a Consuelo Porras, y solicitó el apoyo de la OEA para el envío de una misión especial que acompañe las próximas elecciones de magistrados y fiscal general en 2025.
“En el 2026 nos vamos a jugar la democracia del país”, advirtió el canciller, al pedir que esos procesos se desarrollen con transparencia y sin la influencia de “mafias enquistadas” en el sistema judicial.
