Guatemala aprueba la Ley Antipandillas: presidente celebra nueva herramienta para combatir maras y crimen organizado

El presidente Bernardo Arévalo celebró la aprobación de la Ley Antipandillas, que declara terroristas a los mareros y refuerza las herramientas legales para enfrentar el crimen organizado en Guatemala.

Congreso de Guatemala.

El Congreso de Guatemala aprobó este martes la Ley Antipandillas, que declara terroristas a los integrantes de maras. También endurece las penas por delitos relacionados con estructuras criminales. El presidente Bernardo Arévalo celebró la decisión legislativa. Aseguró que la norma fortalecerá la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado.

“Aplaudo la aprobación de la Ley Antipandillas por el Congreso. Esta ley le dará a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para combatir a las maras y la delincuencia organizada. No nos detenemos. Seguimos avanzando por una Guatemala más segura”, afirmó el mandatario en un mensaje en redes sociales.

El decreto 11-2025 fue avalado con 145 votos a favor, tras una revisión de redacción impulsada por varios diputados. Entre los promotores del fondo de revisión estuvo Elmer Palencia, jefe del bloque Valor, quien explicó que los ajustes buscaban evitar confusiones legales y posibles afectaciones a ciudadanos inocentes.

Palencia destacó que las cuentas bancarias vinculadas a miembros de pandillas podrán ser congeladas. Esto será siempre bajo decisión judicial. “Es a criterio de un juez dentro de un proceso penal. Con eso garantizamos que los recursos mal habidos de las estructuras que declaramos terroristas no puedan utilizar el sistema bancario”, indicó el legislador.

El fondo también introdujo una modificación. Esto permite al Ministerio de Gobernación usar hasta Q200 millones para adquirir equipos de seguridad mediante convenios con países aliados, no solo con Estados Unidos como se había planteado inicialmente.

Contexto de crisis y presión internacional

La aprobación de la Ley Antipandillas ocurre en un contexto de crisis de seguridad nacional, marcado por la fuga de 20 reclusos pandilleros de la prisión Fraijanes II, hecho que generó fuertes críticas al Gobierno.

El episodio derivó en la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez,. Permanece en funciones hasta que el juez anticorrupción Marco Antonio Villeda asuma el cargo.

La nueva norma también responde a presiones internacionales. Esto ocurrió luego de que Estados Unidos declarara terroristas a las pandillas centroamericanas. Este hecho impulsó al Congreso guatemalteco a aprobar una legislación similar.

Detalles y alcance de la nueva ley

La Ley Antipandillas establece que todos los procesos judiciales contra miembros de maras deberán ser conocidos en juzgados de alto impacto, para garantizar la seguridad de jueces y fiscales.

El presidente Bernardo Arévalo celebró la aprobación de la Ley Antipandillas. Esta ley declara terroristas a los mareros y refuerza las herramientas legales para enfrentar el crimen organizado en Guatemala.

El texto legal considera como terroristas a quienes integren, financien o colaboren con estructuras criminales. Estas estructuras se dedican a extorsión, secuestro o asesinato. Asimismo, prevé penas más severas para los delitos de asociación ilícita y financiamiento al terrorismo.

Con la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la República da por concluido un proceso legislativo que duró varias semanas. Este proceso fue impulsado por el aumento de hechos violentos en distintas regiones del país.

Arévalo: “Seguimos avanzando por una Guatemala más segura”

El presidente Arévalo reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y el fortalecimiento institucional. Su administración busca coordinar acciones entre las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público y el sistema judicial para aplicar de forma efectiva la nueva ley.

“El mensaje es claro: no habrá espacio para las maras ni para el crimen organizado en Guatemala”, señaló el mandatario. Destacó que la Ley Antipandillas será un instrumento clave para restablecer la confianza pública y reducir los índices de violencia.

Con la aprobación del decreto 11-2025, Guatemala se suma a los países de la región que han adoptado marcos legales de excepción para combatir las pandillas. Esto marca un nuevo capítulo en la política de seguridad nacional.

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