El Gobierno de Guatemala rechazó oficialmente de forma categórica las órdenes de captura giradas contra el embajador colombiano en Guatemala, Iván Velásquez Gómez, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón.
Según el pronunciamiento, las medidas dictadas por el Ministerio Público guatemalteco carecen de sustento legal y responden a motivaciones políticas, contraviniendo el derecho nacional e internacional.
Velásquez, quien anteriormente fue comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha sido una figura clave en la lucha contra la corrupción en el país.
El comunicado del Ejecutivo destaca que estas acciones vulneran el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala que dio origen a la CICIG, así como los principios establecidos en la Carta de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político”, señala el documento, acusando al Ministerio Público, la fiscal general y jueces asociados a la corrupción de distorsionar el sentido de la justicia en el país.
Asimismo, el Gobierno aseguró que ya se encuentra en contacto con autoridades colombianas para abordar diplomáticamente el caso y evitar repercusiones sobre las relaciones bilaterales.
“En el ánimo de no afectar la honra de la nación como producto de este irresponsable y espurio acto del Ministerio Público”, concluye el comunicado.
La fiscalía guatemalteca vincula a ambos, quienes fueron miembros de la CICIG, de estar vinculados al caso internacional de corrupción Odebrecht.
