El Gobierno de Costa Rica busca ampliar el cobro de impuestos a determinadas rentas obtenidas en el extranjero por residentes fiscales del país, mediante una tarifa general del 15 %, según un proyecto de ley que se encuentra en trámite legislativo.
La iniciativa se tramita bajo el expediente 25.796 y se denomina “Ley sobre el Gravamen de Rentas Pasivas de Fuente Extranjera y Eliminación de Créditos Fiscales por la Emisión de Valores de Oferta Pública Temático”. La propuesta fue presentada por el Gobierno de Laura Fernández y está firmada por el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves.
Según el Ministerio de Hacienda, el proyecto pretende incorporar al sistema tributario las rentas pasivas obtenidas en el exterior por residentes en Costa Rica, entre ellas intereses, dividendos, regalías, alquileres y ganancias de capital. La medida abarcaría a personas físicas y jurídicas, fideicomisos, fondos de inversión y otras estructuras residentes en el país, incluso cuando no desarrollen actividades lucrativas.
El Gobierno sostiene en la exposición de motivos que la iniciativa no supone adoptar un sistema de renta mundial.
“Pero sí implica una decisión de política fiscal, enfocada en gravar con el impuesto sobre las rentas y ganancias de capital, a aquellas rentas pasivas (ingresos por arrendamientos de bienes inmuebles y muebles -tangibles e intangibles- lo cual abarca las regalías, rendimientos por intereses, dividendos, plusvalías, así como todas aquellas definidas en el artículo 27 ter de la Ley del Impuesto sobre la Renta) de fuente extranjera”, se indica en el documento.
La propuesta busca equiparar el tratamiento tributario entre quienes reciben rentas pasivas generadas en Costa Rica y quienes las obtienen desde el extranjero.
“De manera que ambas manifestaciones de riqueza reciban un tratamiento tributario congruente con la capacidad económica que representan”, señala el proyecto, que no incluye una estimación de Hacienda sobre cuánto podría recaudar con el cambio.
El Ejecutivo también sostiene que la iniciativa evitará una doble imposición mediante el reconocimiento de tributos equivalentes pagados en el extranjero.