La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que desconfía de abogados y periodistas que piden “un montón” de información de seguridad porque supone que estarían entregando esos datos a bandas criminales para que sean dónde van a ser atacados.
La mandataria costarricense fue duramente criticada por la declaratoria de secreto de Estado a toda la información del Consejo Nacional de Seguridad, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y de la Fuerza Élite, por lo que, le consultaron en su conferencia semanal sobre su decisión y la argumentó diciendo que desconfía de entregar información.
Fernández dijo en conferencia de prensa que cuando un abogado o un periodista pide mucha información sobre planes de seguridad ella dice “verás que esa información debe ser para una banda del crimen organizado” para advertirlos sobre operativos.
“Lamentablemente, este país está tan podrido en algunos lugares, por dicha son los menos, que yo desconfío ya de abogados, periodistas, gente que empieza a pedir un montón de información que yo digo: ‘Hm, estate y verás que esa información debe ser para una banda del crimen organizado. Esta información es para que las bandas sepan por dónde vamos a atacarlos’. Y no, señores”, afirmó en conferencia de prensa.
Defensa a ultranza
En ese sentido, defendió que el decreto de secreto de Estado les permite “blindar las acciones de defensa nacional” para que el gobierno “esté bien protegido” en los planes que van a ejecutar y que “no caiga en manos de los delincuentes”.
Fernández dijo que la información “de relevancia nacional” seguirá siendo entregada por ser información única, aunque adelantó que mantendrá en reserva toda información que “pueda ser peligroso” que las bandas criminales conozcan.
Alguna de la información reservada a partir de ahora es el tipo de armas con las que cuenta seguridad, los horarios de patrullajes, sitios de inspección para decomiso de droga y el mecanismo de ejecución de los operativos.
Luego de conocerse la declaratoria de secreto de Estado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aseguró que la decisión comprobado un deterioro creciente en las libertades de expresión y de prensa en Costa Rica. Agregó que el equipo de la SIP ha verificado que la Presidencia impulsa restricciones y comete o estigmatización y amedrentamiento a la prensa crítica.
