El gobierno de Costa Rica declaró “confidencial” el financiamiento y los resultados de las pruebas del polígrafo a las que fueron sometidos agentes policiales y altos funcionarios y, que concluyeron con la destitución de siete jefes policiales de la administración de Laura Fernández.
El ciudadano Janekeith Durán interpuso una solicitud de acceso a la información pública para que Casa Presidencial divulgara detalles sobre la empresa que realizó las pruebas, el lugar del polígrafo, el contrato y financiamiento, convenio firmado y el monto que desembolsó el gobierno para las pruebas.
Durán pidió también los cuestionarios aplicados a los funcionarios durante la prueba y los informes de los resultados del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar; del ministro de Comunicación, Pablo Martínez, y el director de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez.
Sin embargo, Casa Presidencial respondió diciendo que la información es confidencial y con “estricta reserva” por considerar que entra en la categoría de “seguridad nacional y defensa nacional”.
“La custodia de información confidencial y la estricta reserva a la que están sometidos los funcionarios policiales respecto de los asuntos en materia de seguridad nacional y defensa nacional que conozcan en razón de su cargo. De ahí que la información relacionada con las preguntas concretas y sus respuestas es confidencial y, por ende, es jurídicamente improcedente su divulgación” respondió Casa Presidencial.
Ante la respuesta, el ciudadano acudió a la Sala Constitucional para interponer un recurso de amparo para la entrega de la información. Casa Presidencial se limitó a decir que Fernández ya había mencionado que las pruebas habían sido aplicadas por la empresa l Polygraph Studies Center (IPSC).
Aunque las autoridades se negaron a revelar los funcionarios que se sometieron a las pruebas, se informó que siete jefes policiales reprobaron las pruebas. En ese momento, las autoridades dijeron que se habían hecho preguntas sobre narcotráfico, crimen organizado y sobre recibir obsequios.
