La Fiscalía de Costa Rica presentó el lunes una acusación formal contra el presidente Rodrigo Chaves y seis altos funcionarios, incluidos diputados oficialistas, por presunto financiamiento ilegal durante la campaña electoral del 2022.
El documento, entregado ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, incluye una petición de levantamiento de fuero y la apertura de un proceso judicial para los acusados, quienes están señalados por supuestas transgresiones a la legislación electoral en el uso de recursos privados no autorizados.
Entre los imputados figuran, además del mandatario Chaves, el vicepresidente Stephan Brunner, el canciller Arnoldo André y los diputados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD): Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Julio “Waldo” Agüero. El expediente judicial, identificado como 22-000116-1218-PE, fue remitido por el fiscal general Carlo Díaz.
La acusación detalla que, durante la campaña presidencial del PPSD, se habrían utilizado dos mecanismos de financiamiento paralelos al control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido: un fideicomiso privado y cuentas personales gestionadas por una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta una causa penal separada.
Según la Fiscalía, estos fondos fueron manejados sin apego a los principios de legalidad, transparencia y publicidad establecidos en el Código Electoral. Por ello, se solicita procesar a los implicados conforme a los artículos 273, 274 inciso e), 275 inciso a) y b) del mismo cuerpo legal.
La Corte Suprema deberá evaluar la acusación para determinar si procede solicitar a la Asamblea Legislativa la remoción del fuero constitucional, permitiendo así que los implicados enfrenten juicio.
Tras conocerse la acusación, la diputada Pilar Cisneros manifestó: “Estoy dispuesta a renunciar a mi inmunidad”, en respuesta a la solicitud del Ministerio Público de levantar el fuero a los funcionarios señalados por irregularidades en la campaña presidencial de 2022.
