La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, el cuestionado Rafael Curruchiche, interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que les garantice su seguridad personal, por considerar que han sido amenazados vía redes sociales.
Los dos personajes más impopulares de las últimas semanas por la persecución que mantienen en contra del Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), dijeron en un escrito que son víctimas de intimidaciones mediante mensajes.
Además, consideran que sus derechos ciudadanos serían vulnerados si se desarrolla una marcha este viernes en la que los manifestantes exigirían sus renuncias.
En el escrito también incluyen a la fiscal Cinthia Monterroso.
De acuerdo al escrito, la marcha, que se llevaría a cabo frente a la sede del Ministerio Público, sería un acto ilegal que les coartaría el derecho de movilización y que busca, a la fuerza, que depongan sus cargos.
