El impopular y cuestionado jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, trató de justificar la arremetida del Ministerio Público en contra del Registro de Ciudadanos, que fue allanado este martes al igual que la base de operaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la Ciudad de Guatemala.
Curruchiche, a quien el presidente electo Bernardo Arévalo le pidió su renuncia y lo acusó de ser parte de un golpe de estado en proceso, sostuvo que todo el accionar de la Feci es apegado a la ley.
En una entrevista con Canal Antigua, el fiscal habló de indicios de delitos contenidos en las cajas electorales “violentadas” por su personal, aunque no dejó en claro cuáles son estos.
Fiscal sin freno
Anunció que “continuaremos mañana (este miércoles) y jueves, pero nos enteramos que hay un amparo del TSE… no estamos contando votos y no hay riesgo de que se pierdan los documentos o se destruyan”, sostuvo.
“No sé cuál es el miedo o temor. Claro, si se hizo algo incorrecto, pues por eso hay temor”, añadió, en un intento de convencer que el TSE habría cometido irregularidades durante las elecciones generales y la segunda vuelta.
Incluso, después de ser el perseguidor se presentó como víctima de una “cruzada”.
“Se ha iniciado una cruzada para denigrar el trabajo de nosotros, que nuestro trabajo es ilegal. Nada de lo que podría pasar nos preocupa, porque estamos trabajando conforme a la ley”, insistió.
Andrea Reyes, fiscal nacional de Movimiento Semilla, el partido de Arévalo, quien fue incorporada a la entrevista, reiteró que ya presentaron querellas contra la fiscal general, Consuelo Porras, Curruchiche y el juez Fredy Orellana.
Después de conocerse los allanamientos de este martes, Bernardo Arévalo anunció su retiro de las reuniones de transición con el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, mientras no se restablezcan las garantías democráticas para continuar con el proceso.
Estados Unidos también acusó al Ministerio Público de atentar contra el debido proceso y la democracia.
Por su parte, el TSE interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar los allanamientos del Ministerio Público.
