La fiscal costarricense, Karen Valverde Chávez, aseguró que la propuesta de reforma al Código Procesal Penal para dictar prisión preventiva en delitos considerado contra la seguridad nacional “no cumple con estándares de protección de derechos fundamentales”.
Durante la sesión de la Comisión de Seguridad y narcotráfico de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la fiscal explicó que la propuesta no proteger derechos como la presunción de inocencia, asimismo, aseguró que esta medida no lograría el objetivo de reducir los índices delictivos.
“¿Es posible trabajar con lo que hay? me parece que sí” dijo Valverde, quien recomendó que para combatir la criminalidad se requiere de una respuesta integral respetando las competencias que la Constitución de la República confiere al Estado.
“El fenómeno criminal y la afectación a la ciudadanía, a la población, a los habitantes cambia. Es de otra magnitud. Entonces, ahí lo que se requiere es una respuesta articulada e integral por parte del Estado y por parte de los poderes” indicó Valverde a los legisladores.
La fiscal también explicó que el recurso de la prisión preventiva solo debe ser utilizada cuando en el caso se considere que puede existir riesgo de fuga o de obstaculización en el proceso, tomando en cuenta la protección para testigos o víctimas.
La propuesta de reforma indica que el dictamen de prisión preventiva busca aplicarse cuando existe peligro “para la comunidad”, es decir, el lugar donde ocurren los hechos que se le imputan a la persona procesada. Las reformas son contempladas en el proyecto de ley 23,986.