La cuestionada fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, presentó este viernes su candidatura oficial para optar por una magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) y dice buscar “la correcta aplicación de la ley” para beneficio de los guatemaltecos.
Porras, quien ha sido sancionada por la Unión Europea, Estados Unidos, Suiza y Reino Unido como “actor corrupto y antidemocrático” dijo que “fundamentalmente” busca la magistratura titular para la “correcta aplicación de la ley” para beneficiar a los guatemaltecos “en orden” por la aplicación “debida y oportuna de las leyes” porque busca servir “de forma transparente, honrada y fundamentalmente profesional”.
La actual fiscal presentó su candidatura en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) porque “respeto mi casa de estudios” dijo, además que se ha desempeñado como docencia por unos 25 años.
“Todos los cargos en que me he desempeñado siempre el trabajo que se ha hecho salta a la vista, es más que evidente y siempre lo he realizado con mucho profesionalismo, con transparencia, con honorabilidad que es lo que necesita nuestro pueblo” aseveró Porras.
El miércoles, Porras dijo que Guatemala requiere de profesionales con experiencia para integrar la magistratura constitucional aunque ella ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por acciones contrarias a la luchan contra la corrupción y el Estado de derecho.
Cuestionamientos a Porras
Hace dos días, un informe país de Human Rights Watch señala que uno de los retrocesos en Guatemala fueron los constantes intentos del Ministerio Público dirigido por Porras para retirar la protección al presidente Bernardo Arévalo y funcionarios para procesarlos penalmente por cargos presuntamente inventados.
Porras busca dirigir el máximo Tribunal de justicia constitucional de Guatemala, cuyas resoluciones influirían directamente en el equilibrio de poderes y en la interpretación de la Constitución de la República.
Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió riesgos por la exclusión de los abogados sin título en el proceso de elección del magistrado titular y suplente de la Corte. La exclusión se ejecutó por acuerdo de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo.