El expresidente de Panamá, Laurentino Cortizo, solicitó formalmente su juramentación como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tras el surgimiento de una denuncia penal en su contra.
Esta denuncia, presentada por el abogado y exembajador Guillermo Cochez, lo acusa de malversar más de $711,000 de fondos públicos para financiar cirugías para tratar a 46 personas por obesidad, incluyendo a excolaboradores.
La denuncia plantea que Cortizo habría utilizado indebidamente la partida discrecional asignada a su despacho presidencial para cubrir estos procedimientos, que fueron calificados como estéticos y sin interés social.
La solicitud de Cortizo se enmarca en un contexto de protección legal, ya que el estatus de diputado del Parlacen le otorgaría inmunidad ante posibles procesos judiciales.
Esto se vuelve un mecanismo común entre expresidentes centroamericanos, quienes buscan resguardarse de investigaciones o juicios mediante la obtención de cargos en el parlamento regional.
La estrategia se ha utilizado como una vía para eludir responsabilidades legales, dado que las cortes nacionales no pueden investigar a diputados en ejercicio, dejando la responsabilidad a la Corte Suprema de Justicia.
El procurador Javier Caraballo también ha hecho referencia a otras denuncias en curso, incluyendo acusaciones contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo por el uso indebido de aeronaves estatales. Caraballo ha solicitado al Parlacen la confirmación del estatus de Carrizo como diputado, siguiendo un protocolo que limita las capacidades del Ministerio Público frente a miembros del parlamento.
