La primera entrevista televisada desde prisión al exmagistrado y extraditable Celso Gamboa Sánchez desató un choque frontal entre sus declaraciones y la defensa que hicieron las autoridades de seguridad costarricenses.
En conversación con Noticias Repretel, Gamboa, detenido desde el 23 de junio a solicitud de Estados Unidos por presuntos vínculos con narcotráfico y lavado de dinero, aseguró que el Servicio Nacional de Guardacostas está “comprado por el narco”.
Dijo además que actualmente es “muy fácil introducir drogas al país” debido a debilidades en la política de seguridad pública.
El exjerarca judicial atribuyó esa supuesta vulnerabilidad al traslado de la Academia de Guardacostas de Quepos a Pococí y al cambio de operaciones especiales de Bahía Drake a Golfito.
“Claro que es fácil ahora (meter droga). Por todas las falencias en la política pública de seguridad ciudadana que ha demostrado este Gobierno”, dijo.
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Réplica del Gobierno y OIJ
También calificó de “torpe” al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, a quien acusó de haber cedido responsabilidades a la DEA en su proceso de detención y extradición.
El primero en reaccionar fue el viceministro de Seguridad Pública, Manuel Jiménez, quien rechazó las acusaciones y afirmó que la actual administración “ha fortalecido, no debilitado” a los guardacostas.
“Los movimientos responden a la ley de creación de este cuerpo policial y no implican reducción de la vigilancia marítima”, sostuvo, recordando que los decomisos de droga “se mantienen en niveles históricos”.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, también respondió y cuestionó la credibilidad del extraditable. “La cooperación con la DEA fortalece la investigación del crimen organizado. Costa Rica no ha renunciado a sus potestades y el proceso contra Gamboa se ajusta al marco legal”, afirmó.
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Debate sobre crimen organizado
A Gamboa, destituido como magistrado en 2018 por presunto tráfico de influencias, lo vinculó un gran jurado en Texas a redes como el Cartel del Golfo.
Estados Unidos lo acusa de conspirar para introducir cocaína a su territorio a través de rutas que incluyen Costa Rica, Panamá y México.
El exmagistrado asegura ser víctima de una persecución política y se presentó en televisión como un “trofeo” de la DEA.
Su entrevista reabrió el debate sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones costarricenses y el rol de la cooperación internacional en la lucha antidrogas.
Esta semana, el Poder Judicial decidirá si prorroga la prisión preventiva de Gamboa, medida que vence tras dos meses de detención.
Mientras tanto, el país observa con atención una controversia que mezcla justicia, política y seguridad nacional, y que podría marcar un precedente en la relación de Costa Rica con su sistema judicial y sus aliados internacionales.
