Al menos una decena de nicaragüenses exiliados en Costa Rica se han reasentado a terceros países como España y Estados Unidos en las últimas semanas, tras el asesinato del opositor Roberto Samcam en junio pasado en San José, según fuentes del exilio nicaragüense en ese país.
El reasentamiento fue gestionado con apoyo de organismos internacionales y gobiernos aliados, en respuesta al aumento del temor entre sectores del exilio nicaragüense de que el terrorismo trasnacional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los alcance.
Los traslados se han llevado a cabo de forma confidencial y responden a una valoración de alto riesgo para estas personas, muchas de las cuales han sido activas en la denuncia de crímenes de lesa humanidad del régimen.
Muchos de ellos han brindado testimonio ante organismos internacionales o pertenecen a círculos militares o políticos que se opusieron al sandinismo.
Además, otro número no determinado ha salido discretamente de Costa Rica por medios propios en busca de un lugar más seguro lejos del brazo del terror orteguista.
El crimen como detonante
El asesinato de Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio en su apartamento en San José, fue un detonante.
Samcam era un mayor en retiro del Ejército Popular Sandinista y crítico del régimen orteguista. Su muerte, ocurrida en circunstancias violentas, elevó la percepción de vulnerabilidad entre los exiliados, que ahora temen ser blanco de operaciones encubiertas o actos de represalia en territorio costarricense.
A raíz del crimen, diversas organizaciones humanitarias y agencias internacionales revisaron los niveles de riesgo de líderes opositores en el exilio y activaron protocolos de protección, entre ellos el reasentamiento en países con mayores condiciones de seguridad y vigilancia.
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Desde el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, más de 200.000 personas han buscado refugio en Costa Rica, escapando de la represión que dejó al menos 355 muertos y miles de heridos, según organismos internacionales.
Muchos de los exiliados son periodistas, estudiantes, defensores de derechos humanos, exmilitares y activistas perseguidos por el régimen.
Exiliados inseguros
Aunque Costa Rica ha sido históricamente un país receptor y protector del exilio político, en los últimos años ha enfrentado una creciente ola de inseguridad.
En 2023, el país alcanzó la cifra récord de 908 homicidios y en 2024 llegó a 880. En 2025 la tendencia sigue en aumento, impulsada por la expansión del crimen organizado y el narcotráfico.
Este entorno ha generado preocupación sobre la capacidad del Estado costarricense para proteger adecuadamente a los refugiados políticos.
Organismos internacionales y fuentes diplomáticas coinciden en que el contexto actual plantea nuevos desafíos a la seguridad del exilio, especialmente tras el asesinato de una figura de alto perfil como Samcam.
El caso ha encendido las alarmas sobre la posible actuación de redes asociadas al aparato represivo del régimen nicaragüense fuera de sus fronteras y ha puesto en la agenda internacional la necesidad de reforzar las medidas de protección para quienes huyeron del autoritarismo y aún no se sienten a salvo.