En las principales capitales de Centroamérica, el silencio de las calles es cada vez más evidente. La protesta social, que en otras épocas impulsó cambios políticos, hoy enfrenta regímenes que criminalizan cualquier expresión de descontento.
Expertos reunidos en la Universidad de Costa Rica alertaron que la región atraviesa un momento crítico. La represión ya no es un rasgo aislado, sino un patrón que se replica en varios países, advierten.
La socióloga nicaragüense Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), explicó que la anulación de la movilización social avanza en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.
“Hay más similitudes que diferencias”, advirtió.
Los académicos recordaron que en la última década se registraron marchas anticorrupción en Guatemala y Honduras, protestas juveniles en Nicaragua y un fuerte respaldo popular al régimen de excepción en El Salvador. Todos esos episodios reflejan sociedades movilizadas, hoy sometidas a mayores riesgos.
Concentración de poder
El primer patrón común es la concentración del poder en figuras presidenciales fuertes, advierten.
En Nicaragua, la familia Ortega-Murillo consolidó un control absoluto del Estado y de los recursos públicos, apropiándose de más de $3,500 millones de cooperación venezolana sin rendición de cuentas.
El presidente Nayib Bukele de El Salvador mantiene un régimen de excepción que ya supera 3 años, concentra decisiones políticas y económicas y coloca a los militares como eje de su estrategia de seguridad.
En Honduras, aunque con matices distintos, el Ejecutivo refuerzan su autoridad debilitando los contrapesos democráticos.
El poder presidencial domina el rumbo político mientras la oposición carece de canales efectivos para cuestionar decisiones, de acuerdo a los expertos.
El segundo patrón es la subordinación de los poderes públicos. La dicatdura de Nicaragua, dijeron, desapareció la independencia judicial.
En El Salvador, la destitución de magistrados en 2021 permitió al oficialismo controlar la Corte Suprema.
En Guatemala, jueces y fiscales anticorrupción fueron perseguidos, y en Honduras las instituciones judiciales se encuentran bajo presión del poder político.
Corrupción y crimen organizado
La corrupción constituye otro elemento compartido. Presidentes y altos funcionarios enfrentan acusaciones de enriquecimiento ilícito o de vínculos con redes criminales en varios países.
“Honduras es el caso más claro, pero no el único”, dijo Cuadra al recordar la condena en Estados Unidos contra el expresidente Juan Orlando Hernández por narcotráfico.
En Nicaragua, el uso discrecional de fondos internacionales marcó un hito de opacidad. En Guatemala, la expulsión de la CICIG en 2019 debilitó los esfuerzos anticorrupción, y en El Salvador persisten denuncias sobre opacidad en el uso de recursos en programas estatales.
El cuarto patrón es el militarismo. Los gobiernos civiles utilizan a los ejércitos como soporte central de sus proyectos políticos.
En El Salvador, los militares lideran operativos de seguridad bajo el régimen de excepción. Por su parte en Guatemala y Honduras, su despliegue en tareas de orden interno se ha normalizado.
En Nicaragua, policías y fuerzas parapoliciales cumplen funciones de control social.
La represión también incluye vigilancia digital, censura en medios y persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos. La fuerza militar, combinada con el control judicial y la corrupción, coloca a la ciudadanía en una posición de vulnerabilidad.
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Derechos anulados y nuevas resistencias
El quinto patrón es la anulación de derechos ciudadanos. En Nicaragua, más del 13 % de la población vive en exilio.
El Salvador, según los expertos, los opositores denuncian detenciones arbitrarias. En Guatemala, fiscales y algunos jueces independientes huyeron del país.
En Honduras, defensores ambientales y comunitarios enfrentan amenazas constantes.
“Cada vez hay más riesgo para activistas y defensores de derechos”, alertó Cuadra.
Según la investigadora, existen al menos ocho formas de persecución en los cuatro países, desde campañas de difamación hasta privación arbitraria de la libertad.
Frente a este panorama, emergen nuevas resistencias, advierten. El movimiento feminista regional articula redes de apoyo que acompañan a mujeres exiliadas.
Defensores ambientales construyen alianzas transfronterizas contra megaproyectos extractivos. Y colectivos juveniles mantienen espacios digitales de denuncia pese a la censura.
“Son voces que interpelan al poder sin miedo”, concluyó Cuadra. Para los investigadores, esas expresiones representan una semilla de resistencia democrática en un momento en que la violencia política y la concentración de poder amenazan con silenciar a toda la región.
