Estados Unidos solicitó al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la convocatoria de una sesión extraordinaria para abordar la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, acompañada de un proyecto de resolución que plantea reunir a los ministros de Relaciones Exteriores del continente para analizar la crisis.
La propuesta, presentada este 29 de julio por la Misión Permanente de Estados Unidos ante la OEA, expresa preocupación por las recientes declaraciones del dictador Daniel Ortega, quien aseguró el pasado 19 de julio que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones. Además, cuestiona el anuncio de una reforma parcial a la Constitución que, según el documento, consolidaría la eliminación de los procesos electorales y restringiría la participación política de determinados ciudadanos.
El proyecto de resolución sostiene que la supresión de las elecciones, el fin del pluralismo político y la exclusión permanente de la oposición pacífica son incompatibles con los principios de la democracia representativa y con los compromisos establecidos en la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, el texto afirma que las acciones atribuidas al régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo han provocado una crisis política, de derechos humanos y migratoria que, según Estados Unidos, representa un factor de inestabilidad para Nicaragua y otros países del continente.
Entre los argumentos expuestos, la iniciativa menciona el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial y del Legislativo, denuncias sobre persecución y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos nicaragüenses fuera del país, así como la supuesta presencia de actores extrarregionales y acuerdos financieros que, según el documento, podrían afectar la seguridad hemisférica.
La propuesta también plantea condenar de manera expresa las declaraciones de Ortega sobre la suspensión permanente de elecciones y cualquier medida orientada a eliminar el pluralismo político, impedir la alternancia democrática o restringir la participación pacífica de ciudadanos considerados opositores al Gobierno.
No obstante, el proyecto de resolución aclara que la iniciativa “no constituye autorización para el uso de la fuerza armada”, y limita su alcance a la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, conforme a los artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la OEA.
De ser aprobada por el Consejo Permanente, la presidencia del organismo, con apoyo de la Secretaría General, deberá elaborar la agenda y el reglamento de esa reunión ministerial, en la que los Estados miembros discutirán posibles medidas colectivas respecto a la situación en Nicaragua.
