El ministro beliceño del Interior Oscar Mira enfrenta una creciente presión política y legal tras ser señalado por supuestos conflictos de interés y posibles beneficios ilícitos derivados de contratos gubernamentales otorgados a familiares y empresas relacionadas con su entorno cercano.
La controversia escaló luego de que Edward Broaster, representante del opositor Partido Democrático Unido (UDP), presentara una denuncia formal ante la Comisión de Integridad de Belice. El opositor solicitó una investigación por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública desarrollados entre 2020 y 2025, período en el que Mira estuvo al frente del Ministerio de Defensa.
La denuncia señala a Jenny Mira, hermana del ministro, y a MP Farms, empresa vinculada a sus hermanos Stanley y Brian Mira. Documentos extraídos del sistema gubernamental SmartStream muestran cientos de pagos realizados a estas entidades por diferentes dependencias estatales, principalmente desde el Ministerio de Defensa, así como desde Salud, la Organización Nacional para la Gestión de Emergencias (NEMO) y la Guardia Costera.
Entre los registros señalados figura un pago cercano a BZ$389,995.85, equivalente a aproximadamente $194,998, realizado en un solo día a MP Farms. Además, se reportan numerosos desembolsos a favor de Jenny Mira por miles de dólares. La denuncia también cuestiona que varios pagos habrían sido fraccionados por debajo del límite de BZ$10,000 para evitar mayores controles de supervisión financiera.
Broaster pidió a la Comisión de Integridad realizar una investigación exhaustiva, revisar las declaraciones patrimoniales del ministro, nombrar un investigador especial y trasladar el caso a la Fiscalía si se determinan posibles conductas delictivas. El dirigente sostuvo que su acción responde al interés de proteger los recursos públicos y no a motivaciones partidarias.
Por su parte, la líder opositora Tracy Panton presentó una solicitud de acceso a la información pública para obtener todos los documentos relacionados con contratos adjudicados a empresas vinculadas con la familia Mira. La parlamentaria busca conocer los montos contratados, los procedimientos de licitación aplicados y si se declararon posibles conflictos de interés durante los procesos.
Ante las acusaciones, Oscar Mira negó haber intervenido en decisiones de contratación o en los comités encargados de adjudicar contratos. Según afirmó, los procesos de licitación son administrados por instancias independientes y aseguró que no tuvo participación directa en la aprobación de compras gubernamentales. No obstante, reconoció que las denuncias generan preocupación pública y señaló que espera que las auditorías permitan esclarecer los hechos.
La situación llevó al propio funcionario a solicitar una licencia temporal de sus funciones ministeriales mientras se desarrolla una auditoría ordenada por el Gobierno. El primer ministro John Briceño anunció que el ministro de Infraestructura y Vivienda, Julius Espat, asumirá interinamente las funciones del Ministerio del Interior durante los próximos tres meses, tiempo estimado para completar la revisión.
El Congreso Nacional de Sindicatos de Belice (NTUCB) elevó aún más la presión al exigir la renuncia o destitución inmediata de Mira y reclamar una investigación independiente sobre los contratos. La organización sostuvo que el caso representa un desafío directo a la transparencia, la buena gobernanza y el Estado de derecho.
Mientras avanzan las investigaciones, la Comisión de Integridad confirmó que cualquier ciudadano puede presentar denuncias formales por presuntos actos de corrupción. El caso se ha convertido en uno de los mayores escándalos políticos recientes en Belice y podría tener repercusiones significativas para el Gobierno de Briceño en los próximos meses.
