Las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal de Honduras, orientadas a endurecer las penas contra maras y pandillas, entraron en vigencia el sábado tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, confirmó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Entre las principales reformas se encuentra el aumento de las penas por extorsión, delito que ahora será castigado con condenas de entre 15 y 20 años de prisión. La sanción podría elevarse hasta prisión perpetua si el hecho provoca la muerte de una persona.
“Hemos aprobado iniciativas para darle seguridad al pueblo hondureño, propuestas que envió el presidente Nasry Asfura y que este Congreso respalda”, afirmó Zambrano en un video difundido en redes sociales.
Las reformas también eliminan beneficios procesales para los acusados de extorsión, incluyendo la posibilidad de acceder a procedimientos abreviados. Además, las autoridades endurecieron los controles sobre las telecomunicaciones y el sistema financiero para rastrear cobros ilegales ligados al crimen organizado.
Bajo la nueva normativa, las empresas de telefonía deberán mantener un registro detallado de los propietarios de tarjetas SIM. Asimismo, serán castigadas las personas que faciliten cuentas bancarias utilizadas para recibir dinero proveniente de extorsiones.
Zambrano añadió que las fuerzas de seguridad tendrán una mayor presencia en las calles. “También estamos dando instrucciones para que la Policía Nacional, Policía Militar y Fuerzas Armadas estén vigilando las calles”, sostuvo el presidente del Congreso hondureño.
Las reformas modifican los artículos 272, 373, 374, 375, 473, 522 y 587 del Código Penal, así como los artículos 212, 285, 237-A y 237-B del Código Procesal Penal. El decreto también crea la Agencia Nacional contra el Crimen, entidad que coordinará bajo una misma política pública el trabajo de la DPI, la ATIC, la Policía Militar y las Fuerzas Armadas.
Uno de los cambios más relevantes se encuentra en el artículo 587, que declara como asociaciones terroristas a grupos conformados por dos o más personas organizadas para cometer delitos graves, causar muertes, lesiones o toma de rehenes con el objetivo de sembrar terror en la población o presionar al gobierno.
El Congreso Nacional aprobó estas reformas por unanimidad el pasado 18 de marzo, argumentando que responden al impacto que la extorsión y el crimen organizado tienen sobre sectores como transportistas, comerciantes y emprendedores hondureños.