El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica solicitó a la Asamblea Legislativa que retire la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves para investigarlo por presunta beligerancia política.
El acto es un hecho sin precedentes en la historia democrática del país, ya que es la segunda vez en menos de un mes que dos poderes del Estado piden levantar el fuero a un mandatario en funciones.
La decisión fue adoptada el pasado 3 de octubre por la Sección Especializada del TSE, tras acumular y admitir una serie de denuncias presentadas por dirigentes de partidos políticos y ciudadanos, así como informes de la Inspección Electoral, encargada de indagar preliminarmente los señalamientos.
Los magistrados Luis Diego Brenes, Mary Anne Mannix y Wendy de los Ángeles González resolvieron de manera unánime que las denuncias cumplen los requisitos de admisibilidad.
Sin embargo, recordaron que el artículo 270 del Código Electoral establece que, tratándose del presidente de la República, se requiere autorización previa del Congreso para levantar la inmunidad y abrir un procedimiento sancionatorio ordinario.
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Denuncias acumuladas
Entre los denunciantes figuran Ricardo Sancho Chavarría, presidente del Partido Liberación Nacional; José Fabián Solano Fernández y Gonzalo Gerardo Coto Fernández, del Partido Acción Ciudadana.
Además de exfuncionarios y ciudadanos como Antonio Ortega Gutiérrez, Luis Fernando Mendoza Jiménez y Johana Obando Bonilla.
Todos acusan al mandatario de haber incurrido en actos de propaganda a favor de agrupaciones políticas afines, lo que constituiría una violación a la prohibición constitucional de participación partidaria directa por parte de los funcionarios públicos.
Segundo intento de desafuero
Se trata de la segunda ocasión en lo que va de 2025 que otro poder del Estado solicita el levantamiento de la inmunidad presidencial.
En septiembre, el Poder Judicial pidió lo mismo a petición de la Fiscalía General por un caso de corrupción relacionado con el escándalo conocido como “BCIE-Cariñitos”.
En aquella oportunidad, la Asamblea Legislativa sometió la solicitud a votación, pero no alcanzó los 38 sufragios necesarios. El resultado fue de 34 votos a favor y 21 en contra, lo que permitió a Chaves conservar su fuero.
Los votos contrarios provinieron de diputados de la Unidad Social Cristiana, Nueva República, legisladores independientes y un bloque cercano al mandatario, mientras que el resto del Plenario se pronunció a favor de desaforarlo.
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Un hecho inédito… y vergonzoso
Costa Rica no había enfrentado hasta ahora un escenario en el que distintos poderes del Estado solicitaran en menos de un año la desaforación de un presidente en ejercicio.
El caso genera debate en torno a la vigencia de los contrapesos institucionales, en un país que ha preservado su democracia ininterrumpida desde mediados del siglo XX.
Con esta nueva solicitud, la Asamblea Legislativa deberá decidir si permite que el mandatario enfrente un proceso por beligerancia política, delito sancionado en el Código Electoral y que busca garantizar la neutralidad de los funcionarios en contiendas partidarias.
El desenlace marcará un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y los órganos de control del Estado, en un contexto de alta polarización política y cuestionamientos sobre el respeto a las normas democráticas en el país centroamericano.
