La migración se ha instalado como uno de los temas más sensibles y menos divulgado de la campaña presidencial costarricense, con propuestas que van desde el endurecimiento de los controles y la criminalización del ingreso irregular hasta la regularización administrativa y un enfoque centrado en los derechos humanos.
Las diferencias marcan con nitidez las posturas de los candidatos que encabezan la intención de voto para las elecciones del próximo 1 de febrero, en un escenario todavía dominado por la indecisión del electorado.
Según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, correspondiente a diciembre de 2025, la candidata oficialista Laura Fernández lidera entre quienes ya decidieron su voto, con un 30 % de respaldo.
Le siguen Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con un 8 %, y Ariel Robles, del Frente Amplio, con un 5 %.
Sin embargo, el 45 % de las personas encuestadas se declara indecisa, un dato que mantiene abierta la disputa y convierte a la política migratoria en un tema potencialmente decisivo.
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Mano dura y seguridad nacional
La propuesta de la candidata oficialista Fernández es la que plantea el giro más duro en materia migratoria, siguiendo la política inicial de la administración Chaves.
Su plan concibe la migración como un asunto de seguridad nacional y control fronterizo, con un fuerte énfasis en el uso de tecnología, el aumento de la vigilancia y el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración para el control de la misma.
Entre sus medidas figuran el cruce de bases de datos internacionales en los puntos de ingreso, la ampliación de los centros de aprehensión para personas en condición irregular y reformas legales para suspender automáticamente trámites migratorios a extranjeros vinculados con delitos graves.
Además, plantea el aumento de las capacidades de los centros de detenciones de migrantes para detener a los irregulares.
El enfoque oficialista apuesta por la disuasión y la “cero tolerancia”, una narrativa que organizaciones sociales y sectores académicos califican como “criminalización de la migración”.
Regularizar para ordenar el sistema
La propuesta de Ramos, por su parte, se distancia del enfoque punitivo y aboga por un mayor control administrativo para agilizar las retardaciones de resoluciones.
El candidato del PLN plantea que el principal problema es un sistema migratorio colapsado por la burocracia y los atrasos administrativos, más que la migración en sí misma.
Su plan incluye una amnistía migratoria para regularizar a miles de personas extranjeras que ya viven y trabajan en el país, así como la resolución de más de 15.000 expedientes pendientes.
También contempla operativos de control laboral en el Gran Área Metropolitana y zonas turísticas, con el objetivo de reducir la informalidad y ordenar el mercado de trabajo.
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Derechos humanos como eje
En el extremo opuesto se sitúa la propuesta de Robles.
El candidato del Frente Amplio rechaza explícitamente la criminalización de la migración y plantea un enfoque centrado en la protección de los derechos humanos y la integración social.
Su plan propone reducir la mora de más de 170.000 solicitudes de asilo, facilitar el acceso al trabajo formal y fortalecer la atención humanitaria a personas migrantes y en tránsito.
Además, plantea impedir que los centros de atención temporal funcionen como espacios de detención y proteger a poblaciones específicas, como trabajadores agrícolas y pueblos indígenas transfronterizos.
Un tema que puede definir la campaña
Otros de los decenas de candidatos han callado o evitado el tema al respecto, apenas reseñando ideas o planes no concretos sobre el tema, en un país con cerca de un millón de migrantes con una población de apenas 5.2 millones y 51,100 kilómetros cuadrados de extensión.
Las propuestas reflejan visiones de país difícilmente conciliables entre la realidad de un país con un alto nivel de migracion y un alto índice de percepción de xenofobia.
Los informes de la ONU en Costa Rica (como los de 2023 y 2024) señalan un aumento significativo de la xenofobia y discursos de odio en redes sociales, impulsados por la política y la realidad nacional.
Ellos afecta especialmente a migrantes (a menudo nicaragüenses) y generan rechazo social, aunque también hay llamados a la acción para desnormalizarlo mediante educación y estrategias efectivas.
Un viejo mal
La xenofobia se manifiesta en chistes, lenguaje despectivo y estigmatización, y la ONU urge a crear estrategias nacionales y judiciales para combatirla, destacando el papel de las redes sociales y el fútbol en su propagación
Mientras el oficialismo apuesta por el control y la vigilancia, el PLN propone regularizar y ordenar, y el Frente Amplio plantea integrar y humanizar.
Con casi la mitad del electorado aún indeciso, la migración emerge como uno de los temas que podría inclinar la balanza electoral y definir el rumbo político de Costa Rica en los próximos años.