El Estado de El Salvador no ha judicializado los casos de abusos sexuales contra mujeres durante el conflicto armado ocurrido en los años 80 y aseguran a las víctimas se les piden pruebas directas de los casos, así lo denunciaron las organiaciones Cristosal, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y Global Survivors Fund (GSF) este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se reúne en la capital guatemalteca.
David Morales de Cristosal explicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “El Estado no ha mostrado voluntad de investigar” los casos de abusos de mujeres especialmente de zonas rurales durante la guerra civil. Aseveró que la Fiscalía General de la República (FGR) “no judicializada los casos”.
“El Estado no ha mostrado voluntad de investigar. La FGR no judicializa casos de crímenes de guerra en El Salvador, 10 mujeres denunciaron hace nueve años, pero han sido ignoradas… les han exigido la identificación plena de sus violadores o les advierten que serán crímenes comunes. No investigan a superiores que habrían aprobado las violaciones” señaló Morales ante la Comisión que está sesionando en Guatemala.
Ante esta aseveración, citó el caso de 10 mujeres que hace más de nueve años denunciaron ante la Fiscalía las violaciones que sufrieron durante la guerra, pero que “han sido ignoradas” porque la entidad fiscal les solicita que identifiquen plenamente a sus abusadores y que entreguen pruebas directas, pues de lo contrario, serían clasificados como “crímenes comunes” y prescribirían.
Morales indicó que el silencio de las víctimas de violaciones es ocasionado por las “estrategias estatales de encubrimiento e impunidad” y porque se ha normalizado la violencia sexual contra las mujeres. Relató que durante el conflicto la violencia estaba ensañada contra mujeres de zonas rurales quienes eran vistas como “botines de guerra”.
Estos abusos alcanzaron “niveles tan brutales y despiadados” dijo Morales, que incluso reportan casos de violaciones sexuales sistemáticas, mutilaciones de senos y decapitaciones, empalamientos y cortaduras en los vientres para “extraer fetos de las víctimas aún con vida” o en mujeres que ya habían sido asesinadas.
Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, dijo que es “irresponsable” decir que la FGR no trabaja los casos de judicialización porque están realizando esfuerzos en esa área, con cumplimiento de estándares internacionales.
Piden ser escuchadas y recibir atención
Noelia Serrano, una de las mujeres víctimas de violencia sexual que denunció su caso hace nueve años, llegó a la CIDH para exponer que tanto ella como las demás mujeres no han sido escuchadas y que quieren ser tomadas en cuenta en las decisiones que se toman.
“Tenemos nueve años de estar en la lucha y no nos han respondido nada. Hemos decidido que nos escuchen, somos bastantes, no somos pocas” señaló Serrano.
La mujer también expuso la necesidad que mantienen de recibir ayuda psicológica, médica, de reparación, reparación de sus viviendas, acceso a medicinas y apoyo con fondos. “Somos mujeres que ya vamos para la tercera edad” enfatizó.
Mujeres como esclavas sexuales en operativos militares
A través del informe hecho por las organizaciones, “Lo contamos para que no vuelva a pasar”, se ha identificado a partir de los testimonios que una de las principales modalidades de sometimiento “brutal” es que las niñas y mujeres eran tomadas como “esclavas sexuales” en operativos de la Fuerza Armada para castigarlas y humillarlas públicamente.
Los principales agresores de las mujeres eran agentes estatales, de la Fuerza Armada, paramilitares, miembros de escuadrones de la muerte y hasta civiles que actuaban con aval de las autoridades según expuso Morales ante la CIDH.
Berta Fernández del GSF aseguró que este tipo de violencia debe tomarse una sola categoría y no incluirse en otras porque la reparación no solo es un derecho de las víctimas sino una obligación del Estado, la cual, debe ser “adecuada, pronta, efectiva, integral, diferenciada y transformadora”.
Además, de basarse en el reconocimiento explícito de las violaciones graves, aplicar estándares probatorios que se adapten a la violencia sexual, atención médica y psicosocial sostenida y que la atención sea proporcional al daño incluyendo compensaciones económicas y comunitarias.
Gobierno dice está dispuesto a integrar mesa con la CIDH para tratar la violencia sexual
La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, aseguró que su comparecencia “no es un mero acto de cumplimiento”, sino una muestra de “disposición firme al diálogo serio, técnico y constructivo”. Asimismo, dijo que están en la disposición de entablar una mesa con la CIDH para atender el tema de la violencia sexual.
Mira reconoció que la violencia sexual “constituye una de las expresiones más atroces de violencia contra las mujeres y las niñas por su profundo daño a la dignidad humana” y dijo que el Estado es consciente de que en el conflicto armado es agravante porque es utilizado “como un instrumento deliberada de dominación, control y sometimiento”.
La viceministra aseguró que en los esfuerzos de atención han entregado compensaciones a 1,466 familias y han implementado el uso de cámaras para registrar los testimonios de las víctimas sin tener que pedirles que rindan su testimonio en reiteradas ocasiones.
