Con 59 votos de 60, la Asamblea Legislativa aprobó este vienes la Ley Anticorrupción, una iniciativa que establece un sistema y centro anticorrupción bajo la supervisión de la Fiscalía General de la República (FGR).
Este nuevo organismo tendrá acceso en tiempo real a la información de todas las instituciones del Estado.
El apoyo a la ley vino de los diputados del oficialista Nuevas Ideas, PCN, PDC (estos últimos 2 aliados al gobierno) y Arena, de oposición, mientras que la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, decidió abstenerse en la votación.
Una de las principales medidas de la ley es la obligación de los funcionarios y empleados públicos de declarar anualmente, desde 2025, tanto sus activos como sus pasivos (deudas) al Ministerio de Hacienda.
Hoy en la plenaria mencioné la importancia de una verdadera lucha anticorrupción. Recordemos que sin transparencia, cualquier ley es letra muerta. No olvidemos los casos de corrupción que han salpicado a diputados oficialistas, mientras la rendición de cuentas sigue ausente.… pic.twitter.com/GaE8Y2xFds
— Marcela Villatoro (@Villabull) February 7, 2025
Los informes deberán ser publicados por Hacienda 15 días después de su presentación. Esta nueva exigencia no sustituye la obligación ya existente, desde 1959, de declarar patrimonio ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, cuyos informes aún no son públicos.
La ley también establece que la Corte de Cuentas de la República deberá remitir todos los informes de auditorías con hallazgos y observaciones a la Fiscalía General de la República.
Además, establece la obligación para cualquier persona de denunciar a funcionarios o empleados públicos si se tienen pruebas de delitos de corrupción.
El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, resaltó que esta es una medida histórica, ya que, según él, los gobiernos anteriores nunca habrían aprobado una ley de este tipo. Calificó la aprobación como un avance importante en la lucha contra la corrupción.
Por su parte, el diputado opositor Francisco Lira consideró que el problema no está en la falta de leyes, sino en la aplicación de las que ya existen.
Lira también pidió levantar las restricciones al acceso a la información pública que afectan a las instituciones del Estado.
La diputada Marcela Villatoro, del partido Arena, vinculó la aprobación de la ley con el acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un financiamiento de más de $1,400 millones, y destacó que esta ley ayuda a desactivar “prácticamente” la Ley Bitcoin.
Villatoro también celebró que la ley incluyera el delito de “tráfico de influencias” en la reforma al Código Penal, señalando que durante la pandemia hubo casos en los que miembros del gobierno obtuvieron contratos de manera indebida para beneficio propio. En su opinión, estas personas deben ser procesadas por dichos actos.
Finalmente, la diputada también destacó que la nueva ley pone un énfasis en el combate al nepotismo, prohibiendo la contratación en el gobierno de personas sin experiencia pública, tales como amigos o familiares de funcionarios, modelos o cantantes.
