El ejercicio del periodismo en Centroamérica atraviesa una etapa de deterioro alarmante, donde los riesgos, las amenazas y los daños concretos para los comunicadores aumentan de manera sostenida, y ningún país escapa a esta realidad, ni siquiera Costa Rica, que históricamente ha sido un refugio para periodistas perseguidos en la región.
Un reciente informe integral sobre el exilio y la libertad de expresión en América Latina revela que la violencia contra la prensa y la impunidad son factores determinantes que forzan a muchos periodistas a abandonar sus países como única alternativa para proteger su vida y su labor informativa.
En toda la región, se observan patrones sistemáticos de intimidación judicial, vigilancia, campañas de desprestigio, confiscaciones de medios y ataques digitales que buscan silenciar las voces críticas.
El informe 2025 sobre el Exilio de periodistas y libertad de expresión, elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH), presenta un análisis profundo y preocupante sobre la creciente ola de exilio forzado que sufren comunicadores en las Américas.
Este fenómeno refleja el deterioro de las garantías fundamentales para el ejercicio libre y seguro del periodismo, en un contexto donde la violencia y la impunidad se entrelazan con la criminalización y persecución política.
Más allá de las amenazas que provienen de grupos criminales, mafias y redes corruptas que buscan silenciar investigaciones incómodas, los periodistas enfrentan en numerosos países la brutalidad de gobiernos y regímenes autoritarios que, en casos como la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua, han desarrollado métodos represivos despiadados para eliminar toda crítica y control social.
La Relatoría Especial advierte que este entorno hostil ha transformado el exilio en una realidad cada vez más común y permanente para las personas periodistas, que muchas veces deben abandonar sus países no solo para salvar sus vidas, sino para preservar la función social esencial de informar a la ciudadanía.
El informe denuncia que, en estas circunstancias, la prensa independiente es uno de los pocos espacios donde aún se desafían las narrativas oficiales y se mantiene viva la voz de la sociedad civil silenciada, pese a las represalias judiciales, el acoso digital, la vigilancia masiva y las campañas de difamación coordinadas desde el poder.
Este contexto evidencia la grave crisis que atraviesan las libertades fundamentales y la democracia en la región.
Nicaragua: el país con la represión más brutal del continente
El epicentro de esta crisis regional se encuentra en Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha instaurado un modelo represivo que supera incluso las condiciones adversas de Cuba y Venezuela.
Desde la llegada al poder en 2007, pero con un recrudecimiento desde la crisis sociopolítica de abril de 2018, el régimen ha desplegado una estrategia multifacética de acoso y persecución contra el periodismo independiente.
La confiscación de medios históricos como el diario La Prensa, el cierre forzado de canales como 100% Noticias, el allanamiento y expropiación de las instalaciones del medio Confidencial, y la condena de sus directivos han creado un clima de terror y censura.
Se calcula que aproximadamente 289 periodistas nicaragüenses han tenido que exiliarse desde la crisis sociopolítica y de derechos humanos iniciada en 2018, según datos de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
Muchos han dejado la profesión por razones económicas o de seguridad, mientras que otros continúan denunciando desde el exilio en países como Costa Rica, Estados Unidos y España.
Los procesos judiciales infundados, la censura digital, la vigilancia con tecnologías sofisticadas, las amenazas de muerte y la criminalización abierta del ejercicio periodístico forman parte del día a día de los comunicadores nicaragüenses.
La represión ha generado no solo una pérdida de pluralidad informativa dentro del país, sino también una diáspora que lucha por mantener viva la verdad desde el exilio.
Honduras en deterioro
La situación del periodismo en Honduras continúa en deterioro, marcado por un clima de violencia, amenazas y hostigamiento que pone en riesgo la seguridad y la vida de los comunicadores.
Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría de los casos de agresiones contra periodistas, perpetradas tanto por actores políticos, económicos y autoridades gubernamentales, quedan sin una investigación exhaustiva ni sanción.
Esto perpetúa la impunidad y envía un mensaje de tolerancia a la violencia contra la prensa, dice el informe.
Además, el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores, creado para proteger a estos sectores, no ha cumplido efectivamente con su mandato, dejando a muchos periodistas desprotegidos.
Entre enero de 2023 y julio de 2024, al menos cuatro periodistas huyeron del país para preservar su integridad, mientras otros cuatro se encuentran en proceso de salir, según reportes presentados a la CIDH. Esta tendencia refleja una crisis que amenaza la diversidad informativa y el derecho a la libre expresión en Honduras.
El Salvador por mal camino
En El Salvador, la libertad de prensa enfrenta uno de sus momentos más críticos en años recientes bajo la administración del presidente Nayib Bukele.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) reportó que entre 2022 y 2023, al menos cinco periodistas, predominantemente mujeres, fueron forzados a exiliarse ante la creciente presión, amenazas y riesgos asociados a su trabajo.
Estos riesgos incluyen campañas de acoso digital, estigmatización pública promovida desde sectores oficiales, persecución judicial y violencia de género.
Un elemento alarmante es el uso documentado del software espía Pegasus, que afectó a al menos 35 personas, incluidos 22 periodistas de medios de investigación, poniendo en jaque la privacidad y seguridad de quienes ejercen el periodismo.
Aunque el gobierno afirma que existe un entorno favorable para la libertad de expresión, organizaciones independientes y defensores de derechos humanos denuncian un deterioro sostenido a tal grado que periodistas de El Faro han trasladado operaciones a Costa Rica.
Guatemala: criminalización y exilio
La persecución contra la prensa crítica en Guatemala ha generado el exilio forzado de al menos 26 periodistas entre 2022 y 2023, según datos de la CIDH y organizaciones sociales.
Esta migración forzada responde a una estrategia sistemática que incluye la criminalización judicial, campañas de descrédito, vigilancia permanente y acoso, especialmente contra mujeres periodistas que sufren hostigamiento sexual en estos ataques.
La instrumentalización del sistema penal como mecanismo para silenciar a voces críticas se ha intensificado en los últimos años, con un pico de exilio en 2023 coincidiendo con un aumento en procesos judiciales contra periodistas y medios independientes.
Un caso emblemático es el del periodista José Rubén Zamora, detenido en 2022 y sometido desde entonces a un extenso y complejo litigio penal que ha merecido la condena de varios países y organizaciones de derechos humanos a nivel internacional.
Pese a que el actual gobierno ha anunciado la reactivación de instancias para proteger a periodistas y facilitar el retorno de los exiliados, la implementación efectiva de estas medidas enfrenta retos significativos.
Muchos de los periodistas desplazados han abandonado definitivamente el ejercicio profesional y buscan refugio en Estados Unidos, México, Costa Rica y otros países, dejando un vacío informativo preocupante en la región.
Costa Rica: deterioro del periodismo local y ataques del presidente Rodrigo Chaves
Costa Rica, que durante décadas se consideró un bastión de la libertad de prensa y un refugio seguro para periodistas perseguidos en la región, enfrenta un preocupante deterioro en su clima informativo desde la llegada al poder del presidente Rodrigo Chaves en 2022.
El mandatario ha protagonizado múltiples ataques directos y públicos contra medios nacionales como La Nación, Teletica, CRHoy y otros portales de noticias independientes, acusándolos de parcialidad y de fomentar la desinformación, lo que ha contribuido a un ambiente de polarización y tensión entre el Ejecutivo y la prensa.
Esta actitud se ha traducido en presiones políticas, cuestionamientos sobre la credibilidad periodística, y amenazas implícitas que afectan la libertad de expresión y el derecho a la información.
Según organizaciones de prensa y derechos humanos, esta dinámica ha provocado un descenso en los índices de libertad de prensa del país, reflejado en informes internacionales que evidencian un aumento en la autocensura, la intimidación y la desconfianza hacia los medios de comunicación.
Además, las restricciones a la cobertura independiente y la interferencia política dificultan la labor de los periodistas nacionales y limitan el pluralismo informativo que caracterizaba a Costa Rica.
