La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para casi 50,000 hondureños residentes en Estados Unidos, anunciada oficialmente este lunes, ha provocado una oleada de reacciones encontradas en Honduras. Desde el oficialismo, la oposición y el sector privado coinciden en que la medida tendrá repercusiones importantes, aunque divergen en el enfoque y en las responsabilidades que asocian al desenlace.
Un golpe con rostro humano
Para Mario Palma, representante del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), más allá del efecto económico, la pérdida del TPS representa un golpe humano profundo.
“Es un duro golpe, especialmente para las familias hondureñas. Son personas que llevan más de dos décadas construyendo una vida en EE.UU. y ahora enfrentan la incertidumbre de posibles deportaciones”, señaló.
Palma advierte que si bien las reservas internacionales del país se mantienen sólidas, una caída en las remesas —que representan más del 20% del PIB— podría generar efectos colaterales en la economía familiar, el consumo y la estabilidad social.
“El impacto real será gradual, pero sostenido, en especial en comunidades que dependen casi exclusivamente del envío de dinero desde el exterior”, advirtió.
Desde el sector privado, la lectura es crítica. Fernando García, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), afirmó: “Lastimosamente no tuvimos una negociación efectiva con los EE.UU. para ampliar el TPS. Ahora el reto es interno: generar más empleo aquí para quienes podrían regresar”.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha insistido en que el gobierno debe dejar de confiar únicamente en apoyos internacionales y fortalecer políticas de empleo, seguridad y atracción de inversión que reduzcan la migración forzada.
Oficialismo defiende su gestión
Desde Casa Presidencial, el gobierno de Xiomara Castro lamentó la decisión, pero aseguró haber hecho “todo lo posible” para lograr la extensión del TPS, con gestiones desde los primeros días de gobierno ante las administraciones de Joe Biden y Donald Trump.
El TPS se le dio a Honduras por los impactos del Huracán Mitch, hace más de 25 años. Esas familias ya hicieron su vida en Estados Unidos, y poco les impactan las condiciones actuales de Honduras. Hace mucho tiempo debieron pasar a un estatus permanente pero nunca se les quiso… pic.twitter.com/abihHEqWZC
— Gerardo Torres Zelaya (@gtorreszelaya1) July 7, 2025
“El TPS fue concedido por los estragos del huracán Mitch hace más de 25 años. Esas familias ya hicieron su vida en EE.UU. y debieron haber accedido a un estatus permanente hace tiempo”, señaló el vicecanciller Gerardo Torres Zelaya. Además, apuntó que la decisión es reflejo de una política migratoria más dura de Estados Unidos y destacó que “Honduras ha mejorado sus condiciones y ha reducido el flujo migratorio irregular”.
El gobierno también cuestionó a la oposición por usar la cancelación del TPS como herramienta política. “No vamos a salir a mentir que esto se revierte con otro gobierno. A diferencia de los que usaban gorras rojas mientras celebraban deportaciones, nosotros respetamos la inteligencia del pueblo”, añadió Torres Zelaya.
Críticas desde la oposición
En contraste, los partidos de oposición no ahorraron cuestionamientos. El diputado Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras, fue contundente: “Libre pasará a la historia como el gobierno que permitió que el TPS finalizara”.
🇺🇸❌ No se logró ampliar el TPS con EE.UU.
El presidente ejecutivo de la ANDI, Fernando García, expresó:
“Lastimosamente no tuvimos una negociación efectiva con los EE.UU. para ampliar el TPS. Ahora el reto es buscar mecanismos para generar más empleo para nuestros… pic.twitter.com/6j8rrHLXHZ— COHEP (@COHEPHonduras) July 7, 2025
A su juicio, la falta de una estrategia diplomática efectiva y la alineación ideológica con regímenes que confrontan a Estados Unidos deterioraron la relación bilateral.
¿Y ahora qué?
El futuro inmediato de los beneficiarios del TPS es incierto. Algunos podrían acogerse a otras vías migratorias si califican, pero muchos quedarían expuestos a la deportación. Mientras tanto, el gobierno promete asistencia desde su red consular, apoyo a quienes regresen y continuidad en el diálogo con Estados Unidos.
La decisión podría tener un costo político significativo para el oficialismo a 5 meses de las elecciones generales, especialmente si los votantes perciben que la respuesta fue insuficiente. Pero también abre un espacio para que los actores políticos y económicos del país asuman con seriedad el desafío estructural: crear oportunidades sostenibles que reduzcan la dependencia de las remesas y, sobre todo, la necesidad de migrar.
