El dictador Daniel Ortega descartó el domingo 19 de julio de 2026, cualquier posibilidad de una alternancia democrática en Nicaragua, al afirmar que su régimen no permitirá procesos electorales que puedan poner en riesgo el control del oficialismo.
“Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el poder”, afirmó Ortega durante su discurso en el acto central por el 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.
Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, ha permanecido al frente del país en medio de reiteradas denuncias de fraude electoral, persecución política, encarcelamiento de opositores y cierre de partidos políticos opositores.
Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió la Vicepresidencia ese año y, tras la reforma constitucional de febrero de 2025, pasó a ocupar el cargo de copresidenta, una figura creada por esa enmienda y cuestionada por diversos organismos internacionales.
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Acusa a opositores de querer “atrapar el poder”
Durante su intervención, Ortega aseguró que los opositores exiliados permanecen “agazapados, conspirando” y los acusó de pretender regresar al país para acceder al poder y enriquecerse.
“Pero que se olviden: aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el poder”, insistió.
Asimismo, anunció que impulsará, junto con la Asamblea Nacional —controlada por la dictadura familiar— y otras instituciones estatales, nuevas leyes dirigidas contra quienes calificó como “golpistas” y “vendepatrias”.
“Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes las leyes para que les pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias”, expresó.
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Reforma constitucional aplazó las elecciones
La reforma constitucional que entró en vigor a comienzos de 2025 modificó profundamente la estructura del Estado, eliminó la separación de poderes y concentró aún más las atribuciones en Ortega y Murillo.
También amplió el período presidencial de cinco a seis años, creó la figura de la copresidencia, subordinó los órganos del Estado al Ejecutivo y legalizó la pérdida de la nacionalidad.
Como consecuencia de esa reforma, las elecciones generales previstas inicialmente para noviembre de 2026 quedaron pospuestas, en teoría, hasta noviembre de 2027.
La enmienda ha sido ampliamente cuestionada por la ONU, la OEA, Estados Unidos, el Parlamento Europeo y organizaciones opositoras, que sostienen que consolida un sistema autoritario y elimina las garantías para la celebración de elecciones libres y competitivas.
En enero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que Murillo, a quien califica de dictadora, se había atribuido el cargo de copresidenta “sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad”.
Y acusó a la pareja gobernante de negar a los nicaragüenses el derecho a elegir libremente a sus autoridades. Según Washington, “el poder basado en la represión y la manipulación constitucional no representa la voluntad del pueblo nicaragüense”.