Un amplio y detallado informe sobre las masivas violaciones de derechos humanos en Nicaragua durante el año 2023, emitido por el Departamento de Estados de Estados Unidos, reveló que la dictadura de la familia Ortega-Murillo prosiguió con sus políticas públicas represivas contra la población nicaragüense.
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado emitió este 22 de abril el informe de país sobre las prácticas de derechos Humanos Nicaragua 2023, donde se detallan crímenes y abusos de todo tipo contra la población civil considerada opositora por la dictadura sandinista.
“Los problemas significativos de derechos humanos incluyeron informes creíbles de asesinatos arbitrarios o ilegales, incluidos las ejecuciones extrajudiciales; desaparición forzada; tortura o trato o castigos cruel, inhumano o degradante por parte de los guardias de la prisión y la parapolicía”, dice el informe.
Incontables crímenes de la dictadura
El documento recoge además las condiciones de prisión duras y potencialmente mortales; arresto o detenciones arbitrarias; problemas graves con la independencia del poder judicial; prisioneros políticos; represión transnacional contra personas ubicadas en otro país; interferencia arbitraria e ilegal en la privacidad.
El Departamento de Estado responsabiliza a la dictadura de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo por castigar a los miembros de las familias nicaragüenses por presuntos delitos de un pariente opositor; restricciones graves a la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, incluidas las amenazas de violencia contra los periodistas, arrestos y enjuiciamientos injustificados de periodistas, y censura.
La dictadura de los Ortega-Murillo, atornillados en el poder desde 2007, son señalados por Estados Unidos por interferir sustancialmente en el derecho a reunión pacífica y libertad de asociación, incluidas leyes demasiado restrictivas sobre la organización, financiación u operación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.
Persecución contra sacerdotes y pastores
Un capítulo aparte incluyó las restricciones a la libertad religiosa y la brutal represión contra sacerdotes y líderes cristianos, a quienes la policía ha secuestrado, desaparecido, apresado y entregado a los verdugos del poder judicial, fiscales y carceleros del Ministerio del Interior para condenarlos a largas penas de prisión; más de 50 sacerdotes o líderes evangélicos han sido desterrados y desnacionalizados por la perversa dictadura.
Estados Unidos también ha acusado a la dictadura sandinista de restricciones a la libertad de circulación y residencia dentro del país y sobre el derecho a abandonar el país; incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas, así como restricciones graves e irrazonables a la participación política, como ocurrió en la farsa electoral del 2021 cuando apresó a más de 30 líderes políticos que aspiraban a ser candidatos electorales.
La Casa Blanca también señaló al régimen de grave corrupción gubernamental, tal y como lo viene señalado desde años el Índice de Trasparencia Internacional que ubica a Nicaragua entre los países más corruptos del mundo.
Robo de universidades privadas y ataques contra indígenas
Estados Unidos también reportó la confiscación y robo de 11 universidades privadas, incluyendo el asalto a la Universidad Centroamericana de los jesuitas, a quienes la dictadura les retiró la legalidad para operar y los expulsó del país tras acusarlos de terrorismo tras un aberrante fallo de la juez sandinista Gloria María Saavedra Corrales, sancionada por Estados Unidos en 2023 por corrupción y violación de derechos humanos.
Los crímenes cometidos por Nicaragua y recogidos en el informe incluyen la persecución contra miles de organizaciones de la sociedad civil, falta de atención a la violencia de género extensa, incluido el feminicidio.
También incluye delitos relacionados con violencia o amenazas de violencia dirigidos a miembros de grupos étnicos y Pueblos indígenas como las comunidades Mayangna y Miskito; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; delitos de violencia o amenazas de violencia dirigidas a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; restricciones significativas a la libertad de asociación de los trabajadores; y las peores formas de trabajo infantil.
Crímenes de paramilitares con protección de la familia Ortega-Murillo
“El régimen no tomó medidas para identificar y castigar a los funcionarios que puedan haber cometido abusos de los derechos humanos”, señala Estados Unidos.
El informe recoge la práctica de terrorismo político de la dictadura mediante el uso de “paramilitares” o “parapolicías”, como unidades no uniformadas, armadas y enmascaradas con entrenamiento táctico marginal y jerarquía suelta que actuaron en coordinación con las fuerzas de seguridad (ejército) e informando directamente a la Policía sandinista y los miembros de la dictadura familiar sobre las actividades de la población civil.
Estos paramilitares “llevaron a cabo una campaña de acoso, intimidación y violencia hacia enemigos percibidos del régimen, como ex prisioneros políticos y sus familias, activistas de trabajadores agrícolas, grupos de oposición prodemocracia, defensores de los derechos humanos, líderes del sector privado y clero, otros actores religiosos y grupos de la sociedad civil afiliados a la iglesia”, con complicidad y protección de la dictadura para cometer sus crímenes.
