El Gobierno de los Estados Unidos formalizó este viernes la imposición de sanciones contra dos altos funcionarios del sistema electoral de Honduras. La medida, anunciada por el Secretario de Estado, Marco Rubio, afecta directamente a un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y a un consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo cargos de interferir deliberadamente en el recuento de votos y obstruir el curso democrático del país centroamericano.
De acuerdo con el comunicado oficial, el Departamento de Estado revocó la visa de Mario Morazán, magistrado del TJE, amparándose en el artículo 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La administración estadounidense señala a Morazán como responsable de socavar la institucionalidad hondureña al impedir activamente el conteo de los sufragios, una acción que ha generado incertidumbre sobre la validez de los resultados electorales recientes.
Asimismo, el Secretario Rubio informó que se ha rechazado la solicitud de visa de Marlon Ochoa, consejero oficialista del CNE. Sobre Ochoa pesan señalamientos de boicot constante contra el trabajo de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López Osorio. Esta última ha denunciado públicamente haber sido objeto de amenazas por parte de Ochoa, de quien además se divulgó una fotografía celebrando disturbios frente a la embajada estadounidense en Tegucigalpa antes de ocupar su puesto.
Las sanciones se extienden bajo el artículo 212(a)(3)(C) de la INA, una disposición que prohíbe el ingreso a territorio estadounidense de personas cuyas actividades puedan acarrear consecuencias adversas graves para la política exterior de la nación norteamericana. Rubio fue enfático al declarar que estas medidas buscan proteger la estabilidad regional y la seguridad nacional de Estados Unidos frente a actores que atentan contra la transparencia electoral.
El Secretario de Estado advirtió que estas acciones no serán las últimas si persiste la obstrucción.
“No toleraremos actos que atenten contra la estabilidad de nuestra región”, afirmó Rubio, subrayando que Washington considerará todas las herramientas pertinentes para disuadir a quienes insistan en bloquear el proceso de escrutinio. La advertencia lanza un mensaje claro hacia la clase política hondureña sobre las repercusiones de la parálisis institucional.
Tanto Morazán como Ochoa son representantes del partido Libertad y Refundación (Libre), liderado por Manuel Zelaya y la presidenta Xiomara Castro.
Ambos funcionarios han mantenido una postura de rechazo hacia las sesiones de sus respectivos organismos y han declarado anticipadamente que no reconocerán los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, alineándose con la narrativa de su partido político.
Esta conducta ha paralizado la operatividad de los entes electorales, dificultando no solo el desarrollo de los comicios sino también la finalización del conteo de votos. La crisis se agudizó tras la negativa de los funcionarios a validar las actas, lo que ha sumido al país en una tensa espera y ha provocado la condena de diversos sectores de la sociedad civil y observadores internacionales.
Finalmente, las sanciones llegan apenas días después de que ambos funcionarios comparecieran ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). En dicha instancia, Morazán y Ochoa negaron las acusaciones de los Estados miembros sobre su rol en el bloqueo electoral; sin embargo, para el Departamento de Estado, las pruebas de su interferencia han sido suficientes para proceder con las restricciones migratorias.
