El Gobierno de Estados Unidos revocó las visas del presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Rodrigo Arias Sánchez, y de los magistrados de la Sala Constitucional Jorge Araya García y Paul Rueda Leal. La decisión, confirmada este miércoles por medios de comunicación costarricenses, amplía la lista de figuras públicas sancionadas por Washington en los últimos meses y marca un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países.
La medida fue comunicada a los 3 altos funcionarios sin que se detallaran las causas específicas. El Departamento de Estado, como en casos previos, reiteró que no comenta procesos individuales relacionados con visados, mientras que las autoridades costarricenses han evitado pronunciarse oficialmente. Consultas enviadas por el medio digital delfino.cr desde febrero pasado siguen sin respuesta.
La notificación sorprendió por su simultaneidad con un fallo reciente de la Sala Constitucional —integrada por los magistrados afectados— que declaró con lugar un recurso de amparo contra el Banco Popular y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La resolución condenó la censura indirecta ejercida contra el programa televisivo El Chinamo por la transmisión de segmentos satíricos, conocidos como “chinaokes”, que criticaban al gobierno de Rodrigo Chaves Robles. El propio mandatario, en su espacio semanal, cuestionó duramente el fallo de la Sala IV, al que calificó de “político”.
Rodrigo Arias, hermano del dos veces presidente y premio Nobel de la Paz Óscar Arias Sánchez, se convierte en el segundo miembro de su familia en ver revocado su permiso de entrada a EE.UU. Óscar Arias recibió la notificación de cancelación de su visa el pasado 1 de abril y respondió con severas críticas a la administración Trump.
“Estados Unidos es un paradigma de democracia, o lo ha sido. Hoy en día tiene características de autocracia, lamentablemente para mi gusto”, declaró entonces el exmandatario. “Los franceses les regalaron la Estatua de la Libertad y ahora los Estados Unidos restringen la libertad. ¿Cómo es que al que piensa diferente lo quieren castigar? Eso no es democracia”, ironizó.
URGENTE: EE.UU. suspende visa al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias. A él se suman dos magistrados, Paul Rueda y Jorge Araya. MÁS DETALLES👇🇨🇷https://t.co/zbdupvxD40 pic.twitter.com/rJkNTT6yHI
— Ticavisión (@Ticavisioncr) July 9, 2025
La sanción impuesta a Rodrigo Arias se suma a la de varios diputados de la actual legislatura: Francisco Nicolás Alvarado (Liberación Nacional), Vanessa de Paul Castro Mora (Unidad Social Cristiana), Johana Obando Bonilla y Cynthia Córdoba Serrano (independientes), así como al legislador de Nueva República, José Pablo Sibaja, quien pese a no tener visa vigente fue notificado de su prohibición de ingreso.
El patrón de cancelaciones no se limita a figuras políticas. Desde el inicio de este año, Estados Unidos también retiró visas a altos mandos del ICE: la auditora Ana Sofía Machuca; el gerente de Telecomunicaciones, Luis Diego Abarca Fernández; sus antecesores Carlos Luis Mecutchen Aguilar y Jaime Palermo Quesada; el jefe de la División de Desarrollo y Construcción de la Red, Douglas Eduardo Quesada, y el presidente del sindicato Frente Interno de Trabajadores del ICE, Carlos Stradi. Asimismo, el apoderado generalísimo de Huawei en Costa Rica, Yang Peng, se encuentra entre los sancionados, en el marco de la creciente disputa geopolítica por la influencia de empresas chinas en América Latina.
Aunque la administración Trump no ha detallado los motivos de esta ola de revocaciones, fuentes diplomáticas y analistas coinciden en que las acciones forman parte de un patrón más amplio de presión contra personas que, a juicio de Washington, representan intereses contrarios a su política exterior o que pudieran estar vinculadas a actos de corrupción, violaciones de derechos humanos o amenazas a la democracia. La falta de transparencia sobre las razones específicas alimenta especulaciones sobre motivaciones políticas, especialmente dado el perfil de algunos sancionados.
El caso de Óscar Arias marcó un punto de inflexión por su dimensión simbólica: su condición de Nobel de la Paz y su trayectoria de interlocución con Washington en materia de derechos humanos y mediación regional. Su exclusión del país que durante décadas fue aliado clave en su política exterior fue interpretada como un giro en la relación bilateral.
En círculos políticos costarricenses, la decisión de incluir a Rodrigo Arias —presidente de la Asamblea Legislativa y figura histórica del Partido Liberación Nacional— también tiene un fuerte impacto interno, dada su relevancia en la arquitectura institucional del país. Aunque el gobierno de Chaves no se ha pronunciado oficialmente, voces cercanas al Ejecutivo han celebrado en privado la decisión estadounidense, interpretándola como un respaldo implícito a su discurso de lucha contra la “vieja política”.
La medida contra los magistrados Jorge Araya y Paul Rueda ha despertado alarma entre juristas y defensores de la independencia judicial. El fallo sobre la censura indirecta de los “chinaokes” fue aprobado unánimemente en la Sala IV un día antes de conocerse las revocaciones, lo que ha suscitado interrogantes sobre un eventual efecto intimidatorio. El gremio judicial y asociaciones de abogados han pedido explicaciones oficiales, mientras organizaciones internacionales de derechos humanos señalan que el uso de la cancelación de visas como instrumento de presión política socava principios democráticos.
Estados Unidos, tradicional socio comercial y cooperante de Costa Rica, atraviesa con el país centroamericano uno de sus periodos de mayor frialdad diplomática en décadas. El gobierno Trump ha endurecido su retórica contra lo que considera “ambigüedad” de algunos sectores políticos y empresariales ticos ante la influencia china, mientras multiplica sanciones de carácter migratorio.
A la espera de pronunciamientos oficiales, el episodio confirma que la política exterior estadounidense hacia Centroamérica, bajo el liderazgo de Donald Trump, combina la imposición de medidas unilaterales con mensajes de presión directa sobre figuras de poder local. El alcance de esta estrategia —y su impacto sobre la ya fragmentada política costarricense— sigue siendo incierto.
