Con visibles muestras de cansancio y problemas de salud para articular su discurso, el dictador Daniel Ortega participó en un acto con la Fuerza Aérea y el Ejército de Nicaragua, donde condicionó la estabilidad del país a la eliminación definitiva de los comicios libres.
El octogenario líder del Frente Sandinista reiteró su intención de promover reformas a la Constitución para erradicar el sistema electoral actual y sustituirlo por “elecciones con soberanía”.
Divagando, lento y torpe en sus movimientos, el tirano argumentó que el desmantelamiento del voto popular es la única vía para garantizar la paz y evitar un conflicto bélico contra Estados Unidos y la oposición nicaragüense.
“Cuando hablamos de reformas a la Constitución es para fortalecer la paz, porque mientras tanto los otros siguen conspirando para meter la guerra en Nicaragua”, aseveró el dictador Ortega, quien acusó a Washington y a sectores opositores catalogados de “golpistas” de intentar desestabilizar la nación.
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Condena global al dictador
El pasado 19 de julio, el dictador Ortega anunció el fin de las elecciones para evitar que la oposición acceda al poder mediante el voto.
Con 80 años de edad y 19 de ellos en el poder consecutivamente desde 2007, Ortega busca agenciarse junto a su cruel pareja y co dictadora Rosario Murillo, periodos de 7 años de presidencia renovables sin elecciones, sino mediantre aprobaciones legislativas.
De modo que el anuncio de Ortega provocó reacciones internacioneles, reclamos y condenas, principalmente de Estados Unidos, cuya administración advirtio que “no se quedara de brazos cruzados”.
El representante de Washington en la Organización de Estados Americanos ha convocado a una reunion de cancilleres del foro el próximo 5 de agosto, para debatir el tema y tomar medidas al respecto, mientras gobiernos, organizaciones y líderes o figuras de todo el mundo cuestionan la decision sandinista de abolir elecciones.
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Un chantaje político tras la represión de 2018
Analistas locales e internacionales coinciden en que el mensaje del mandatario constituye una amenaza explícita de provocar inestabilidad y caos si la comunidad internacional rechaza sus pretensiones dictatoriales.
Las reformas planteadas por el régimen buscan impedir que la oposición pueda reorganizarse legalmente, blindando el control total del poder bajo el pretexto de defender la soberanía nacional.
El anuncio se produce tras un prolongado contexto de represión que inició con la crisis sociopolítica de 2018.
Desde entonces, el régimen de Ortega y Rosario Murillo ha asesinado a cientos de personas, encarcelado a rivales políticos, despojado de su nacionalidad a cientos de disidentes, proscrito a la oposición y cerrado miles de organizaciones de la sociedad civil.
La intención de abolir formalmente las elecciones ha desatado una nueva ola de condenas por parte de la OEA, la Unión Europea y el Gobierno estadounidense, quienes señalan que la maniobra consolida una dictadura totalitaria sin garantías democráticas.