La subsecretaria de Estado Adjunta en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Emily Mendrala, dijo que la liberación de los 222 presos políticos y ahora desterrados de Nicaragua es un paso importante y positivo, aunque reconoció que aún tienen muchos temores porque bajo el régimen de Daniel Ortega persisten graves violaciones a los derechos humanos.
Aclaró que todos viajaron voluntariamente y bajo su propio consentimiento y se refirió a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y explicó que fue él quien decidió no salir rumbo a Estados Unidos.
“Siempre vamos a continuar pidiendo pasos adicionales del gobierno para restaurar las libertades civiles y la democracia para todos en Nicaragua”, dijo la funcionaria durante una conferencia telefónica con varios periodistas.
Lamentó además que estas personas hayan estado encarceladas por el simple hecho de ejercer sus libertades de opinar.
Confirmó que los 222 tienen ya su parole humanitario, que les permite residir y trabajar legalmente en el país norteamericano durante dos años. Agregó que en cuanto al ofrecimiento de España de otorgarles la ciudadanía a los liberados, el gobierno de Estados Unidos les brindará asesoría y ayuda legal, si lo requieren, y que será cada individuo quién decidirá su futuro. Incluso les facilitarían viajes a otras naciones, si es que los liberados requieren ese tipo de asistencia.
No pudo precisar si habrá de parte de su gobierno más ofrecimientos para los nicaragüenses.
Confirmó que en este caso no hubo ninguna negociación con la dictadura y que la decisión fue unilateral del régimen.
Además, sostuvo que las sanciones en contra de Nicaragua se mantienen, porque estas fueron impuestas en años recientes como respuesta a las acciones “de abuso” de Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.
