El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó este viernes como “ilegítima” la figura de copresidencia que encabeza Rosario Murillo junto a su esposo, Daniel Ortega, en Nicaragua. La condena ocurre al cumplirse un año de la reforma constitucional que oficializó esta estructura de poder sin elecciones ni respaldo ciudadano.
“Hace un año, Rosario Murillo inventó una ‘Copresidencia’ para consolidar su control ilegítimo sobre Nicaragua: sin elecciones, sin mandato, sin legitimidad”, denunció el gobierno estadounidense en un comunicado difundido en redes sociales
Washington advierte que este modelo niega el voto democrático al pueblo nicaragüense, “porque sabe que no puede ganar”.
“El poder basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo. Cobardemente, ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar”, agregó.
La enmienda constitucional fue aprobada en enero de 2025 y redefinió la jefatura del Estado como un sistema bicéfalo, compuesto por un copresidente y una copresidenta. Esta figura fue vista por la comunidad internacional y grupos opositores como una estrategia para asegurar la sucesión dinástica de la familia Ortega-Murillo en el poder.
Además de consolidar el autoritarismo, la reforma modificó más de 50 artículos y eliminó 45 disposiciones constitucionales. Entre los cambios más críticos está la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años, y la eliminación de la división de poderes, subordinando al Legislativo y Judicial al Ejecutivo controlado por la familia gobernante.
Una de las reformas más polémicas fue la institucionalización del concepto de “traición a la patria”, utilizado por el régimen para despojar de la nacionalidad a críticos y disidentes. También se eliminó la referencia al “pluralismo político”, limitándolo únicamente al “pluralismo cultural y social”, lo que afianza el modelo de partido único bajo el control del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La libertad de prensa y de expresión también resultaron restringidas bajo esta nueva Constitución. Los artículos reformados establecen límites imprecisos que subordinan las libertades a conceptos como “paz”, “soberanía” y “noticias falsas”, dejando a criterio del régimen qué puede o no comunicarse en público.
