Estados Unidos anunció este jueves la inclusión de 14 centroamericanos en el listado de Actores Corruptos y No Democráticos -conocido como Lista Engel- en los que sobresalen funcionarios de gobierno, fiscales, jueces, empresarios y rectores universitarios de cuatro países.
El nuevo listado incluye a cuatro personas nicaragüenses, cuatro guatemaltecas, tres honduras y tres salvadoreñas en el informe de la Sección 353 de Actores Corruptos y No Democráticos.
“Este informe, publicado en el Registro Federal, identifica a las personas que han socavado a sabiendas los procesos o instituciones democráticos, se han involucrado en una corrupción significativa u obstruido las investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador”, dijo un comunicado del Departamento de Estado.
Nuestros esfuerzos por contrarrestar la corrupción, impunidad y todo intento de socavar la democracia construye sociedades seguras y prósperas. El reporte de la Sección 353 es una de muchas herramientas que usamos para promover la rendición de cuentas de actores corruptos y… https://t.co/R7a1wbVYJN
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) December 21, 2023
Guatemala: tres fiscales y una exmagistrada
En el caso de Guatemala fueron incorporados en el nuevo listado los fiscales Leonor Eugenia Morales Lazo, Noe Nehemías Rivera Vásquez y Pedro Otto Hernández González. Los res son señalados por socavar los procesos o instituciones democráticas al llevar a cabo una investigación con motivación política para poner en duda los resultados electorales certificados para interrumpir la transición presidencial.
La Fiscalía guatemalteca ha hecho una serie de movimientos legales para intentar inhabilitar al presidente electo, Bernardo Arévalo y revertir los resultados electorales que le dieron el triunfo el 20 de agosto pasado.
Estados Unidos ya ha sancionado a otros fiscales guatemaltecos incluyendo la fiscal general, Consuelo Porras, así como a Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso.
Además, ha sido incluida en el listado la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdes Quezada, señalada de socavar los procesos o instituciones democráticas al participar en un plan para apilar la Corte Suprema y los tribunales de apelación con jueces corruptos.
Jueza y rectores
En Nicaragua ha sido incluida la jueza del décimo tribunal de distrito penal de Managua, Gloria Maria Saavedra Corrales, señalada por socavar los procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición y autoridad dentro del sistema judicial nicaragüense para facilitar a sabiendas una campaña coordinada para suprimir la disidencia confiscando propiedades de la Universidad Centroamericana de los Jesuitas sin una base legal, con el fin de instalar una administración amigable con el régimen.
Por causas similares han sido incluidos también Maribel del Socorro Duriez González, presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua, Ramona Rodríguez Pérez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua y Alejandro Enrique Genet Cruz, rector de la Universidad Casimiro Sotelo (anteriormente Universidad Centroamericana).
Estos tres académicos son señalados por socavar los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para suprimir la disidencia mediante la confiscación de propiedades de los opositores políticos del gobierno, incluida la Universidad Centroamericana y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses, sin base legal, con el fin de instalar una administración favorable al régimen.
En el caso de Genet Cruz, se le señala de tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y suprimir la disidencia utilizando su posición para crear políticas que castiguen a los profesores de la Universidad Casimiro Sotelo y a los estudiantes que no participan en actividades políticas para el partido político del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega.
Tres comisionados de Información salvadoreños
En El Salvador fueron incluidos en el listado tres comisionados del Instituto para el Acceso a la Información Pública, incluyendo su presidente, Ricardo Gómez. También los comisionados Gerardo Guerrero y Andrés Grégori Rodríguez.
Los tres son señalados de socavar los procesos o instituciones democráticas al bloquear a propósito e injustamente el acceso a la información pública.
Honduras: funcionarios y empresarios
En Honduras, el actual ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Arturo Salgado Bonilla, fue señalado de socavar los procesos o instituciones democráticas al dirigir los esfuerzos coordinados del partido oficial LIBRE a través de grupos leales al partido (“colectivos”) para suprimir la disidencia intimidando violentamente a los legisladores de la oposición que piden una sesión legislativa el 31 de octubre de 2023.
Ese día, colectivos de Libre agredieron a diputados opositores y les impidieron la entrada al Congreso de la República.
Además se ha incluido al empresario Mohammad Yusuf Amdani Bai, involucrado “en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios de la Corte Suprema de Honduras para que fallaran a favor de su negocio en una demanda privada”.
El tercero en la lista es Cristian Adolfo Sánchez, por estar involucrado en una corrupción significativa “al participar en un plan que defraudó al gobierno hondureño de más de 300.000 dólares y confraudó con funcionarios del Ministerio de Salud para adjudicar incorrectamente contratos gubernamentales”.
Sánchez fue condenado a tres años y nueve meses de prisión por ese caso.
“La corrupción y otras prácticas que socavan la democracia en Centroamérica conducen a la inestabilidad e impulsan la migración irregular. En El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, trabajamos para promover, preservar y restaurar las normas democráticas para construir un hemisferio más resiliente, equitativo y próspero. Hacemos esto aprovechando un conjunto diverso de herramientas de rendición de cuentas”, señaló el Departamento de Estado.
