Estados Unidos acusó este martes a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de utilizar una reciente reforma financiera en Nicaragua para reforzar los mecanismos de control sobre la sociedad civil y ampliar la capacidad del Estado para vigilar operaciones económicas dentro del sistema bancario.
La crítica llegó a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que reaccionó a una reforma impulsada por el oficialismo para supervisar con mayor rigor las transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros en bancos privados nicaragüenses.
“Los apologistas de Murillo-Ortega están codificando la represión una vez más”, señaló la oficina estadounidense en la red social X.
Según Washington, las modificaciones legales no persiguen combatir actividades ilícitas, sino fortalecer el control político sobre ciudadanos, empresas y organizaciones independientes.
“Estas ‘reformas’ están diseñadas no para proteger a los ciudadanos de la actividad criminal, sino para controlar aún más a la sociedad civil, congelar activos y criminalizar cualquier negocio u organización que los dictadores consideren una amenaza o que busquen saquear”, añadió el mensaje.
Nueva disputa por el control financiero
La reacción estadounidense surgió después de que medios independientes nicaragüenses informaran sobre cambios normativos que amplían las facultades de supervisión estatal sobre operaciones financieras realizadas a través de entidades bancarias privadas.
Organizaciones opositoras y analistas han advertido que las nuevas disposiciones podrían facilitar bloqueos de cuentas, restricciones patrimoniales y un mayor monitoreo de movimientos económicos de ciudadanos, empresarios y organizaciones civiles.
Desde 2018, la dictadura de Nicaragua ha cancelado miles de organizaciones no gubernamentales, confiscado bienes de opositores, universidades, medios de comunicación y asociaciones religiosas, medidas que organismos internacionales han calificado como parte de una política sistemática de represión.
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Presión en la OEA
El pronunciamiento coincidió con una nueva ofensiva diplomática de Washington durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebra en Panamá.
Estados Unidos impulsa una mayor coordinación regional para exigir rendición de cuentas al Gobierno nicaragüense por denuncias de violaciones de derechos humanos y restricciones a las libertades civiles.
Ortega, en el poder desde 2007, se mantiene en el poder tras sucesivos procesos electorales cuestionados por observadores internacionales y en medio de una creciente concentración de poder.
A la vez, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios gobiernos occidentales han denunciado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecución política contra opositores y críticos del régimen.
