El opositor y ex preso político nicaragüense Jeffrey Isaac Jarquín, conocido como “El Nene”, fue deportado esta semana desde Estados Unidos hacia Nicaragua, donde fue detenido inmediatamente a su llegada al Aeropuerto Internacional de Managua y trasladado al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa, informaron medios nicaragüenses.
Los familiares de Jarquín ya fueron notificados formalmente de su reingreso al penal. El opositor participó activamente en las protestas sociales de 2018 contra el régimen sandinista y estuvo atrincherado en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Ese mismo año fue arrestado y permaneció como preso político hasta 2019, cuando fue excarcelado bajo una Ley de Amnistía.
Jarquín huyó posteriormente hacia Estados Unidos debido al constante asedio y las amenazas de muerte. En febrero de 2026 fue arrestado en la Pequeña Habana, Miami, acusado de agresión, pero en abril la fiscalía retiró los cargos y fue declarado inocente. Tras concluir ese proceso fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), mientras enfrentaba complicaciones en su trámite de asilo político.
Su deportación ocurrió pese a las alertas de organizaciones y defensores de derechos humanos sobre el peligro que enfrentaría en Nicaragua.
Ocho exiliados en peligro
Human Rights Watch (HRW) informó, además, que las autoridades migratorias estadounidenses han detenido a por lo menos ocho exiliados nicaragüenses despojados de su nacionalidad por la dictadura Ortega-Murillo, algunos de ellos con solicitudes de asilo pendientes.
Siete de los ocho detenidos formaron parte de los 222 presos políticos expulsados hacia Estados Unidos por el gobierno nicaragüense el 9 de febrero de 2023, declarados “traidores” y privados de su nacionalidad. Estados Unidos les otorgó un permiso humanitario por dos años. El octavo es el periodista Luis Galeano, despojado de su nacionalidad junto con otros 93 críticos del gobierno el 15 de febrero de 2023.
“Hace apenas tres años, Estados Unidos recibió a 222 presos políticos que se encontraban en las cárceles de Ortega y Murillo, pero ahora los detiene y amenaza con deportarlos”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
“El derecho internacional prohíbe a Estados Unidos devolver personas a países donde corran riesgo de persecución o tortura. Las autoridades estadounidenses no deberían intentar enviar a estos hombres de vuelta a lugares donde corran peligro”, agregó.
HRW señaló que Estados Unidos deportó a más de 6,300 nicaragüenses entre enero y julio de 2026, casi el doble de los 3,323 expulsados durante el mismo período de 2025. Las autoridades estadounidenses también enviaron a más de 1,100 nicaragüenses a terceros países desde enero de 2025, entre ellos 864 a México, 63 a El Salvador, 50 a Guatemala, 49 a Honduras y 26 a Panamá.
La organización recordó que la Convención contra la Tortura prohíbe devolver a una persona a un país donde enfrente un riesgo real de tortura, mientras que el Protocolo de 1967 relativo al Estatuto de los Refugiados impide enviar refugiados a lugares donde puedan sufrir persecución. HRW pidió a las autoridades estadounidenses no deportar hacia Nicaragua ni a terceros países a personas que enfrenten esos riesgos.