La discusión de la “Ley de amortización del sistema eléctrico nacional” está prevista que inicie este lunes 25 de mayo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aunque diversas organización de ecologistas y sindicatos advierten un aumento en las tarifas que pagan los usuarios.
La Junta Directiva del Órgano Legislativo ya convocó esta ley para el plenario y se espera que este mismo lunes inicie su discusión, pues este día finaliza el período de consultas a instituciones y ya venció el plazo para presentar mociones en contra.
Para avalar la nueva ley, el pleno legislativo requiere del voto favorable de dos tercios del total de diputados, es decir, 38 aprobación. Poder Soberano, el oficialismo, solo tiene 31 diputados que votarían a favor, se desconoce con quiénes podrá estar negociando el oficialismo para conseguir los otros siete votos a favor.
La diputada Claudia Dobles ya adelantó que votará en contra del proyecto, pues dice que el aumento de precios en las tarifas podría realmente ser una posibilidad y esto podría verse reflejado en la calidad de vida de las familias costarricenses, pequeñas y medianas empresas.
Este proyecto fue presentado en octubre de 2022 por la administración del expresidente Rodrigo Chaves y cambia el sistema de compra y venta de electricidad, con lo que se genera un mercado eléctrico mayorista. Además, informes de la Asamblea han señalado que el proyecto “mantiene serios problemas jurídicos y vacíos”.
Consecuencias de aprobar la ley
Tanto el partido Frente Amplio y diversas organizaciones han advertido que de aprobarse la ley, se podría esperar un aumento de precios en las tarifas de energía eléctrica y una caída en la calidad del servicio que reciben los costarricenses.
Explican que actualmente es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) quien exporta energía al Mercado Eléctrico Nacional (Mer), sin embargo, a partir del nuevo proyecto se habilitan como agentes a las empresas privadas dedicadas a la generación de energía, por lo que, se aumentarían los precios.
A partir de los cambios contemplados en el proyecto de ley, se espera la construcción de un nuevo sistema eléctrico que ya no aplique rebajas de tarifas porque las empresas privadas se quedarían con el excedente de energía como ganancias.