La abogada Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), advirtió que el juicio político en Honduras podría convertirse en una herramienta de revancha política si no se aplica con rigor jurídico y respeto institucional.
Castellanos señaló que este mecanismo existe para preservar el equilibrio de poderes dentro del sistema democrático.
Según explicó, el juicio político permite exigir responsabilidades a funcionarios de alto nivel cuando sus actos afectan la legalidad, la ética o la estabilidad institucional.
Sin embargo, también alertó que el procedimiento puede perder su propósito si se usa como instrumento de confrontación partidaria.
Su postura fue planteada en medio de los intentos oficialistas por someter al proceso al consejero electoral Marlon Ochoa. A él, miembro del izquierdista Libre, lo acusan de haber atentado contra el proceso electoral de noviembre.
Hay, además, presiones para que el fiscal general, Johel Zelaya, también sea sometido a un juicio político. Zelaya fue aliado del gobierno de Xiomara Castro, cuyo partido lo nombró funcionario en medio de una movida legislativa que para muchos fue ilegal.
Un proceso político, pero debe respetar la ley
Castellanos indicó que el juicio político tiene una naturaleza política y no penal.
No obstante, subrayó que esto no significa que pueda desarrollarse al margen de la ley.
DISCULPEN MI CASTELLANO
¿Juicio político o revancha política?
Gabriela Castellanos
AbogadaEl juicio político es una herramienta legítima cuyo propósito es preservar el equilibrio de poderes y garantizar que quienes ejercen funciones públicas de alta responsabilidad respondan… pic.twitter.com/MhUJTFWJxd
— Gabriela Castellanos (@GCastellanosL) March 9, 2026
Por el contrario, explicó que el procedimiento requiere mayor rigor jurídico precisamente por su carácter político.
Además, destacó que cualquier funcionario sometido a este proceso debe conservar plenamente su derecho a la defensa.
Debido proceso y garantías institucionales
La abogada afirmó que el respeto al debido proceso constituye un elemento central en cualquier juicio político.
En ese sentido, señaló que el funcionario investigado debe tener la oportunidad de ser escuchado por el Congreso Nacional de Honduras.
También propuso la creación de una comisión plural dentro del Congreso.
Esa instancia debería incluir representantes de todas las fuerzas políticas. Con ello se busca evitar decisiones motivadas por intereses partidarios.
Advertencia sobre el impacto en la democracia
Castellanos sostuvo que el uso indebido del juicio político podría debilitar la democracia hondureña.
Según explicó, existe una línea delicada que el Poder Legislativo debe evitar cruzar.
Por esa razón, insistió en que cualquier proceso debe sustentarse exclusivamente en hechos verificables y criterios legales.
También señaló que el juicio político no debe convertirse en un espectáculo mediático ni en un mecanismo de reconocimiento político momentáneo.
Credibilidad institucional en juego
La directora del organismo anticorrupción afirmó que la fortaleza democrática no se mide por la facilidad para destituir funcionarios.
En cambio, se refleja en el respeto a las reglas y en la seriedad con que se aplican los procedimientos institucionales.
Finalmente, señaló que el Congreso tiene la facultad de iniciar un juicio político.
Sin embargo, indicó que el desafío real consiste en ejercer ese poder con prudencia, responsabilidad histórica y apego al Estado de derecho.
