La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, Gabriela Castellanos, cuestionó el respaldo que, según ella, ha recibido el expresidente Juan Orlando Hernández tras su regreso al país y sostuvo que ese escenario refleja la persistencia de estructuras políticas ligadas al poder que ejerció durante su administración.
En un artículo de opinión titulado “¿Le deben o le temen?”, Castellanos afirmó que el retorno del exmandatario, quien permaneció varios años fuera del país, no responde a una reivindicación judicial sobre los hechos por los que fue condenado en Estados Unidos, sino a una decisión de clemencia presidencial que puso fin a la pena que cumplía.
“El hombre no volvió como consecuencia de una reivindicación judicial sobre los hechos que marcaron su condena, sino tras una decisión de clemencia presidencial adoptada en los Estados Unidos que extinguió la pena que cumplía”, sostiene Castellanos.
La titular del CNA señaló que esa decisión modificó la situación penal del exgobernante, pero sostuvo que no cambió los acontecimientos que marcaron su gestión ni las acusaciones que enfrentó durante el proceso judicial.
Castellanos aseguró que, tras el regreso de Hernández, diversos actores políticos, empresariales y mediáticos han mostrado nuevamente su respaldo al exmandatario, a quienes acusó de actuar por conveniencia política y no por una revisión sincera de sus posturas.
Asimismo, consideró que muchos de quienes hoy expresan apoyo al exgobernante buscan proteger intereses personales o preservar espacios de poder dentro de las estructuras partidarias.
“Esta masa de aduladores sabe perfectamente quién es el hombre al que le deben favores o al que le temen por la memoria de su poder. Por ello, el cinismo institucionalizado supera con creces la miseria material del pueblo que los padece. Prefieren el vasallaje ante al regreso del jefe en lugar de arriesgar sus cuotas en las estructuras partidarias nacidas, crecidas y amamantadas a la sombra del mismo poder autoritario”, señaló.
En su análisis, la directora del CNA también cuestionó el funcionamiento del sistema de justicia hondureño y afirmó que las decisiones judiciales e institucionales suelen responder a intereses políticos antes que a criterios de legalidad.
Finalmente, Castellanos sostuvo que el principal desafío para Honduras radica en fortalecer una cultura democrática basada en principios y no en la lealtad hacia figuras políticas, al advertir que la permanencia de prácticas de subordinación al poder debilita las instituciones del país.