El opositor nicaragüense y presidente de Ruta del Cambio, Félix Maradiaga, instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar una respuesta más contundente frente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras considerar que la reciente reforma constitucional busca eliminar definitivamente la alternancia democrática y consolidar una sucesión familiar en el poder.
En un artículo de opinión, Maradiaga sostuvo que el anuncio realizado por Ortega el pasado 19 de julio, en el que aseguró que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones capaces de producir alternancia, marca el paso de un sistema que manipulaba procesos electorales a una dictadura que pretende abolir el derecho de los ciudadanos a disputar el poder.
El opositor señaló que la reforma constitucional, que contempla períodos presidenciales de siete años renovables y la exclusión de ciudadanos catalogados por el Gobierno como “traidores”, pretende convertir la permanencia del oficialismo en una norma jurídica. A su juicio, la respuesta internacional no debe limitarse a pronunciamientos de preocupación.
Maradiaga recordó que la Asamblea General de la OEA reconoció en junio el deterioro del orden democrático y del espacio cívico en Nicaragua, además de condenar violaciones de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, sostuvo que ahora corresponde a los Estados miembros transformar esas resoluciones en acciones concretas.
Entre las medidas propuestas figura la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para abordar la situación de Nicaragua, declarar formalmente la ruptura del orden democrático y desconocer cualquier renovación o transferencia del poder que no surja de elecciones libres y competitivas.
“La OEA debe declarar que ninguna renovación, ratificación o transferencia del mando dentro de la familia gobernante, sin elecciones libres, será reconocida como legítima. Ortega busca convertir permanencia en legalidad. El hemisferio debe impedir que una reforma escrita por la dictadura limpie el origen ilegítimo de su poder”, sostiene Maradiaga.
Asimismo, planteó que los países miembros coordinen sanciones selectivas contra funcionarios responsables de la represión, creen una comisión de alto nivel para dar seguimiento a la crisis, fortalezcan el monitoreo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y mantengan un canal permanente de diálogo con las fuerzas democráticas nicaragüenses.
“La OEA no sustituirá a los nicaragüenses. Ninguna organización internacional lo hará. Pero puede cerrar la legitimidad exterior de la dictadura, proteger a las víctimas, coordinar consecuencias y preparar el terreno para una transición”, señala Maradiaga.
El dirigente también propuso que cualquier eventual normalización de las relaciones con el Gobierno nicaragüense quede condicionada a la liberación de los presos políticos, la restitución de derechos civiles y políticos, el restablecimiento del espacio cívico y la celebración de elecciones auténticas con garantías democráticas.
Finalmente, Maradiaga afirmó que la estrategia requiere una amplia coordinación regional. Consideró que Estados Unidos debe actuar junto con Canadá, los países de Centroamérica y el Caribe para evitar que la crisis sea presentada como un conflicto exclusivamente bilateral y reiteró que la presión internacional debe orientarse a proteger a las víctimas y respaldar una transición pacífica en Nicaragua.