Un grupo de 20 de los 57 diputados que conforman la Asamblea Legislativa de Costa Rica presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, a quien acusan de violar la independencia del Poder Judicial con la finalidad de debilitar el sistema democrático.
Los diputados, que forman parte de cuatro partidos políticos y dos independientes, denunciaron que Chaves “expresó una serie de afirmaciones que además de violentar la independencia de poderes”, garantizada en el artículo 9 de la Constitución, “procuró interferir en las actuaciones del Fiscal General, de la Policía Judicial y de órdenes de un juez de la República”. Todo esto en una conferencia de prensa a finales de septiembre pasado.
Los diputados denunciantes señalaron que las declaraciones del presidente no solo afectan la independencia del Poder Judicial, sino que podrían considerarse un “intento de injerencia” en las funciones judiciales, lo cual sería una violación de los “principios consagrados en la Constitución”. Además, mencionaron que estas acciones podrían encuadrarse en varios delitos previstos en el Código Penal, como instigación pública y propaganda contra el orden constitucional.
La denuncia apunta que Chaves puede haber violado además el artículo 149 de la Constitución “que juró respetar”, sostienen los diputados en su denuncia dirigida al fiscal general Carlo Díaz. La denuncia fue firmada por legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Liberal Progresista (PLP) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) así como de las legisladoras independientes Gloria Navas y María Marta Padilla.
El artículo 149 establece la responsabilidad del Presidente de la República y de sus ministros, entre otros casos, cuando “impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial, o coarten a los Tribunales la libertad con que deben juzgar las causas sometidas a su decisión”.
Chaves dijo el 25 de septiembre que “la Fiscalía abusó de su poder y del músculo que tiene, para amedrentar e intimidar al gobierno”; o que identificó al juez que tenía que decidir las medidas cautelares y “una pregunta retórica ¿será que la justicia está politizada?”.
La reacción de Chaves tuvo que ver con las acusaciones de corrupción contra Marta Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social y otros ocho directivos de la institución.