El diputado del oficialista Partido Nacional, Marcos Paz, presentó una propuesta de reforma que busca expulsar de Honduras y prohibir permanentemente el reingreso de extranjeros que sean condenados por delitos considerados de especial gravedad.
La iniciativa, presentada por el presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, se denomina Ley para el Fortalecimiento del Régimen de Expulsión y Prohibición de Reingreso de Extranjeros que Cometan Delitos en el Territorio Nacional.
“Buscamos con este proyecto que quien cometa un delito doloso en Honduras cumpla su condena y que después, cuando legalmente proceda, se ejecute la expulsión y se controle el reingreso a su país”, indicó Paz, diputado por el departamento de Santa Bárbara.
El legislador, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, señaló que actualmente hay extranjeros que cumplen las penas impuestas por delitos, pero posteriormente permanecen en Honduras.
El diputado explicó que la iniciativa pretende reforzar los mecanismos de expulsión que ya contempla la legislación migratoria hondureña para extranjeros condenados por delitos cometidos dentro del territorio nacional.
“La persona deberá responder primero ante la justicia hondureña y cumplir la pena que corresponda”, indicó Paz.
El proyecto establece que el Poder Judicial deberá informar al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre la sentencia para que esa institución prepare el procedimiento correspondiente de expulsión. Paz añadió que “una vez cumplida la pena, y cuando exista resolución firme de expulsión, la medida podrá ejecutarse conforme a la ley”.
La propuesta contempla además una prohibición de reingreso a Honduras de al menos 10 años para los casos previstos. La restricción sería permanente cuando se trate de delitos de especial gravedad, entre ellos homicidio, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, terrorismo y delitos vinculados con estructuras criminales.
Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, Paz señaló que será necesaria la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional de Honduras y el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
La iniciativa también establece que la aplicación de las expulsiones y prohibiciones de reingreso deberá garantizar el respeto a la Constitución de la República, los tratados internacionales y las normas relacionadas con refugio, asilo y no devolución.
